Reforma laboral

Una reforma laboral es una iniciativa que modifica la legislación que regula las relaciones de trabajo con el objetivo de otorgarles una mayor flexibilidad.

Cabe destacar que el proceso y resultado de reformar se conoce como reforma. Reformar, por su parte, consiste en formar nuevamente o cambiar alguna cosa.

El adjetivo laboral, por otro lado, hace referencia a lo que está vinculado al trabajo (una actividad que desarrolla a cambio de algún tipo de remuneración o retribución).

Finalidad de una reforma laboral

La finalidad de la reforma laboral es favorecer la creación de empleos. Con este fin, se promulgan cambios en las leyes a favor de los empresarios, que deben asumir menos riesgos o costos para contratar y despedir empleados. Se espera que, ante esta realidad, tomen la iniciativa de crear puestos que, en otro contexto, no crearían.

Para los trabajadores, las reformas laborales suelen implicar un recorte de sus derechos y garantías. Sin embargo, de acuerdo a ciertos economistas, estos cambios redundan, en definitiva, en un mayor dinamismo del mercado laboral y, por lo tanto, en mayores posibilidades de trabajo para los empleados.

Sus características

Una reforma laboral puede incluir una reducción de las indemnizaciones, otorgarle más argumentos a las empresas para justificar despidos y liberar a los empleadores de ciertas cargas sociales.

Lo habitual es que una reforma laboral sea debatida entre diversos sectores: el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. En última instancia, las modificaciones a las leyes deben ser votadas por el Poder Legislativo y sancionadas por el Poder Ejecutivo.

La reforma laboral española de 2012

Una de las reformas laborales llevadas a cabo en las últimas décadas fue la que el gobierno del Partido Popular (PP) decidió realizar en España en 2012, modificando así una acometida dos años antes. En concreto, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, se estableció una serie de nuevas bases y principios, tales como estos:

Se incluyó el despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas.
La reducción del despido improcedente pasó de ser de 45 días de indemnización por año trabajado a 33 días y un máximo de 24 mensualidades.
Se estableció que las empresas podrían establecer un contrato para la formación y prácticas a jóvenes de hasta 30 años.
Incluyó el derecho a 20 horas de formación anuales que deberán ser pagadas por la empresa.
Se acometió la limitación de la indemnización de los directivos de la banca.
Se prohibió la encadenación de contratos temporales sin límite.
Se determinó que la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años.
Se concretó la regulación del teletrabajo.
Determinó darle presencia y un importante valor a las agencias de trabajo a la hora de acometer la colocación de trabajadores en los servicios públicos de empleo.

Estas y otras modificaciones fueron y son criticadas por numerosos sectores de la sociedad. Y es que se considera que las mismas lo que han hecho ha sido facilitar y abaratar el despido o permitir que las empresas puedan acometer los llamados ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) sin contar con autorización laboral, entre otras cosas.