En algunos contextos, la indemnidad es un bien jurídico.
El vocablo latino indemnĭtas llegó al castellano como indemnidad. Así se denomina a la característica o la condición de indemne.
Indemne, por su parte, tenemos que establecer que es una palabra que tiene su origen etimológico en el latín y que es fruto de la suma de dos componentes léxicos de dicha lengua:
-El prefijo in-, que significa “no” o “sin”.
-El sustantivo damnum, que es sinónimo de “daño” o “perjuicio”.
El adjetivo indemne, en tanto, se usa para calificar a aquel o aquello que no registró o no registra daño. Lo indemne, por lo tanto, goza de un estado de indemnidad. Por ejemplo: “Los delitos contra la indemnidad sexual de los niños y las niñas deben ser severamente castigados”, “La garantía de indemnidad laboral está en riesgo”, “Hay candidatos que aspiran a convertirse en legisladores para que los fueros les otorguen indemnidad penal y así no puedan ser juzgados por sus actos de corrupción”.
TemasQué es la indemnidad sexual
La indemnidad sexual es un bien jurídico que se encuentra protegido. Se trata del derecho de un ser humano a no sufrir interferencias en el desarrollo de su propia sexualidad. La indemnidad sexual suele aplicarse a las personas incapaces y a los menores de edad.
Cuando alguien sufre la violación de la indemnidad sexual, puede padecer alteraciones psíquicas y aceptar como correctos o normales actos que, en realidad, no lo son. Los delitos contra la indemnidad sexual, por lo tanto, afectan la dignidad del individuo, quien sufre una intervención traumática en su intimidad por parte de un tercero.
Entre los principales delitos que se pueden cometer contra la mencionada indemnidad sexual y que están recogidos en el Código Penal se encuentran tanto lo que es el abuso sexual como la prostitución de menores e incluso el exhibicionismo.
En el ámbito laboral existe la garantía de indemnidad.
El concepto en el ámbito laboral
La garantía de indemnidad en el ámbito del trabajo, en tanto, alude al derecho que tiene un empleado a no sufrir represalias tomadas por su empleador a partir del ejercicio de una acción judicial, administrativa o sindical. De este modo, si un trabajador acude a la Justicia para hacer valer sus derechos, su empleador no puede castigarlo debido a la indemnidad laboral.
Otros datos de interés sobre la mencionada garantía de indemnidad en el ámbito laboral son los siguientes:
– En España se establece que el trabajador en cuestión tiene un plazo de 60 días hábiles a contar desde la fecha en la que tuvo lugar la represalia de su superior. Eso sí, hay que saber que dicho plazo se puede ampliar hasta los 90 días hábiles si, de forma previa, el citado empleado hubiera interpuesto lo que es un reclamo ante la correspondiente Inspección de Trabajo.
– En el caso de que se le dé la razón al empleado, la pertinente sentencia recogerá todas las medidas que deben ser llevadas a cabo no solo para que se le ponga fin a la represalia sino también para que se reparen las consecuencias que ese acto ha propiciado.
– De la misma manera, en la mencionada sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, también recoger el pago de multas.
