La etimología de comparecer nos lleva al vocablo latino comparescĕre, a su vez derivado de comparēre. Este verbo suele utilizarse para nombrar a la acción que realiza un individuo cuando se presenta ante otro sujeto o específicamente ante una autoridad.
Por ejemplo: “El narcotraficante fue trasladado a Estados Unidos para que pueda comparecer ante un tribunal”, “El acusado se negó a comparecer ante el juez”, “Los legisladores llamaron a comparecer al ministro de Economía”.
La noción de comparecer es común en el terreno del derecho. Comparecer, en este caso, supone una presentación personal o a través de un poder ante un organismo público. Un tribunal o un juez tienen la facultad de llamar a comparecer a las personas en el marco de ciertos procesos judiciales.
Supongamos que un juez investiga una denuncia por corrupción que involucra a diversos funcionarios de un gobierno. Con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, el juez convoca a comparecer a los sospechosos. Los acusados, de esta manera, tienen la posibilidad de brindar su versión, mientras que el juez puede interrogarlos sobre los acontecimientos en cuestión.
También se llama comparecer al acto de dar explicaciones ante aquel que las solicita. El presidente de un club, por citar un caso, puede llamar a comparecer a tres socios que hicieron destrozos en las instalaciones de la institución durante un evento. El presidente, como autoridad, quiere saber con exactitud qué pasó y quiénes fueron los responsables de los daños para aplicar los castigos que correspondan.
Delitos de obstrucción a la justicia
Se considera una obstrucción a la justicia a cualquier acto ilícito penal que atente contra un proceso judicial, impidiendo que el Estado administre la justicia de forma correcta. Quien comete este delito puede tener intereses personales o bien en beneficio de un tercero.
En España, estos delitos ya se encontraban en el Código Penal del año 1928, aunque con un contenido muy reducido en comparación con el actual; cuatro años más tarde se agregaron más tipos penales y en el año 1995 cobró la forma que tiene hoy en día. En este contexto podemos hablar del delito de incomparecencia, el cual se considera pasivo, ya que el sujeto entorpece el funcionamiento de la Justicia por medio del incumplimiento de una obligación (en este caso, a comparecer a una citación).
El delito de incomparecencia tiene como primera consecuencia la suspensión o el retraso de un procedimiento. Para que se produzca, la persona citada debe faltar a su compromiso sin proporcionar a las autoridades una causa justa. El castigo consiste en el encarcelamiento por un periodo que va desde los tres a los seis meses; si ha recibido un aviso pero vuelve e incurrir en el delito, entonces se le suma una multa.
Si el individuo citado es abogado, representante del Ministerio Fiscal o procurador, y se encuentra en ejercicio pleno de su función o en actuación profesional, entonces se le impone la pena en su mitad superior (es decir, con la sentencia a seis meses en prisión) más la inhabilitación especial para cargo público o empleo, oficio o profesión, con una duración que puede ir desde los dos a los cuatro años.
Si el procedimiento judicial se suspende a causa de que algún miembro del tribunal o el propio juez se niegen a comparecer sin justa causa, las consecuencias para el profesional son similares a las que reciben los abogados más la multa de seis meses a dos años. No podemos negar la importancia del cumplimiento de las autoridades en un proceso de esta naturaleza, donde se puede decidir el futuro de una persona o incluso su derecho a continuar con vida, y por eso el castigo es tan severo.
