Se denomina constitucionalismo al sistema político que se basa en el imperio de la Constitución: la ley superior de un Estado, que establece límites, libertades, obligaciones y derechos a los ciudadanos y a los gobernantes. La noción de constitucionalismo además se usa para aludir a la ideología que impulsa este tipo de organización política y social.
De acuerdo al constitucionalismo, la autoridad de un gobierno procede de la Constitución. Por otra parte, todas las leyes que regulan la convivencia en sociedad deben fundamentarse en dicha Constitución, que se encarga de articular el conjunto de normas.
Puede decirse que el constitucionalismo cree en la libertad y en la soberanía de los ciudadanos. Para que las personas puedan gozar de su autonomía y convivir en armonía, se necesita un gobierno que cumpla con sus funciones en el marco de la ley. En este contexto, la ley suprema es la Constitución, un documento que no puede ser contradicho por ninguna normativa y cuyos principios deben ser respetados.
El constitucionalismo también se constituye como una forma de organizar el Estado. Los fundamentos de la vida pública se encuentran recogidos en el texto de la Constitución, que regula la conducta de los individuos según lo dispuesto por la legislación.
Como filosofía o movimiento político, el constitucionalismo apunta a fijar límites al poder de los gobernantes. La premisa es que la voluntad individual y los intereses particulares de una persona a cargo del gobierno no se impongan sobre las reglas que la sociedad acuerda y acepta para la administración del Estado.
Todo esto representa el ideal de toda sociedad, enfocado principalmente en el respeto de la libertad de todos y cada uno de sus habitantes. Otro aspecto a tener en cuenta es la racionalidad en la que se apoya esta ideología, lo cual la diferencia de manera contrastante con las religiosas, que abundaban en el pasado y se caracterizaban por seguir los mandatos de una divinidad sin importar sus consecuencias, en lugar de tomar decisiones de manera consciente y afrontarlas con responsabilidad.
Tomemos el caso de México para explicar el concepto de constitucionalización de una forma contextual. Durante mucho tiempo, su pueblo vivió un desequilibrio en cuanto al reconocimiento de sus derechos, en especial los colectivos. Esto se puede apreciar al observar el acelerado ritmo al que creció la industrialización, sostenida por grupos numerosos de trabajadores que no gozaban de la protección que hoy en día consideramos fundamental.
Finalmente, en el año 1917 se estableció la Constitución Política de México, con antecedentes tales como la Revolución Mexicana de 1910. De esta manera consiguió revertir la situación de desprotección antes mencionada. Por medio del constitucionalismo, el Estado ejecutó las políticas necesarias para asegurar a su gente el bienestar que le correspondía en todos los aspectos, desde la sanidad hasta la educación. Entre sus cambios más importantes dio una especial importancia a los derechos colectivos, además de los individuales, promoviendo jornadas de trabajo más reducidas, salarios más justos, beneficios sociales, seguridad social, derecho al paro y contratos de trabajo.
Es importante señalar que los derechos individuales no se vieron comprometidos para dar lugar al reconocimiento de los globales, sino que éstos debieron subordinarse en favor del bien común. Otros casos dignos de ser mencionados en este contexto son: Argentina, en Mendoza, en 1916; Alemania, en la República de Weimar, en 1919; España, en 1931.
En algunas fuentes encontramos este concepto como constitucionalismo social, aunque con el mismo significado que en aquellas donde el término social se omite. Sobra decir que su presencia ayuda a reforzar el carácter de la sanción de un texto como la Constitución, el cual busca garantizar los derechos de todo el pueblo en lugar de limitarse a los individuales.