La presunción de inocencia protege la igualdad ante la ley.
La presunción de inocencia es un principio del derecho penal que indica que todo individuo es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso judicial. Esto supone que solo cuando la culpabilidad de la persona haya sido declarada de forma legal se deja de presumir su inocencia.
Antes de profundizar sobre el concepto, es importante analizar los términos que lo conforman. La presunción es una conjetura, suposición o creencia. La idea de inocencia, en tanto, hace referencia a la inexistencia de culpa.
Cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye a la presunción de inocencia como una garantía fundamental e inalienable. La noción también aparece en la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
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ResumenImportancia de la presunción de inocencia
La presunción de inocencia implica que la reputación del acusado debe preservarse en la totalidad de las instancias del procedimiento penal. Esa inocencia deja de considerarse recién cuando la culpabilidad queda demostrada a través de un juicio público justo y en el cual se respetaron el debido proceso y las garantías procesales. La confirmación de la culpabilidad se materializa con el fallo firme correspondiente, que fija una sanción de acuerdo a lo establecido por la ley.
El derecho a la presunción de inocencia tiene una doble implicancia. Por un lado, hace que el investigado tenga que ser tratado como inocente en todas las etapas del proceso. Por otra parte, como se parte de la presunción de inocencia, quien acusa o denuncia está obligado a exhibir las pruebas necesarias para evidenciar la culpabilidad ante el juez o tribunal competente. La carga de la prueba, por lo tanto, recae en el denunciante: él es quien debe probar la culpabilidad, y no el acusado demostrar su inocencia (ya que la misma se presume).
La clave de este principio, en definitiva, radica en que el acusado no tiene que acreditar su inocencia: se inicia el proceso dándola por cierta. Los jueces comienzan su labor con ese punto de partida y deben valorar las pruebas que presente el denunciante para modificar el concepto. No se puede dejar de mencionar, en este marco, que los elementos probatorios deben cumplir con ciertas premisas para que tengan validez y sean aceptados.
Incluso existe lo que se conoce como principio de in dubio pro reo. Este hace alusión a que el juez puede tener una duda subjetiva sobre lo hecho por el investigado aún cuando las pruebas sean objetivamente convincentes. En ese caso, si la duda es lógica y racional y la carga probatoria no genera en el juez la convicción necesaria, dispone de la facultad de absolver al denunciado.
Ante una acusación formal, debe preservarse la presunción de inocencia.
Cambios a lo largo de la historia
Hoy se considera que la presunción de inocencia es elemental en el Estado de derecho e indispensable en el ejercicio del derecho a un juicio justo. Sin embargo, antes no existía esta concepción.
Los procesos judiciales modernos se sustentan en el principio de contradicción: hay dos partes cuyos posicionamientos jurídicos se oponen entre sí y un tribunal o juez -a cargo del dictado de la sentencia- que no asume postura alguna y que aplica una justicia imparcial.
En el derecho inquisitorial de la Edad Media, en cambio, regía el principio inquisitivo. El tribunal que debía instruir el proceso y emitir el fallo adoptaba una posición activa e incorporaba sus pretensiones y alegatos.
Este sistema propio de las monarquías absolutistas se regía por procedimientos secretos. El acusado no solo carecía de derechos, sino que era considerado culpable desde el comienzo. En vez de permitirle una defensa justa, era forzado a incriminarse a través de torturas hasta confesar su culpabilidad.
En el proceso inquisitivo, por lo tanto, no había presunción de inocencia, sino de culpabilidad. No se realizaba una evaluación de pruebas; alcanzaba la confesión (obligada) del acusado para determinar que era culpable.
La situación cambió con el iluminismo y el surgimiento del derecho penal moderno. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, documento clave de la Revolución francesa, ya recoge la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia supone que deben presentarse evidencia y pruebas para demostrar la culpabilidad.
Críticas a la presunción de inocencia
Debe tenerse en cuenta que, más allá de su relevancia, el principio de presunción de inocencia ha recibido críticas. La mayoría gira en torno a que, según esta mirada, protege en exceso al acusado, lo que trae como correlato que la sociedad quede menos protegida frente al delito.
Suele indicarse, en este contexto, que la presunción de inocencia atenta contra medidas cautelares que buscan anticipar, mantener o garantizar la efectividad de la resolución que podría dictarse. Tomemos el caso de la prisión preventiva, una medida que decide un juez para privar al investigado de su libertad durante el desarrollo del proceso penal con el objetivo de evitar que cometa acciones que puedan interferir en dicho proceso o causar un daño a terceros. Si se privilegia la presunción de inocencia, la prisión preventiva no puede tener lugar, poniendo en riesgo el avance del proceso judicial.
Otra oposición a la presunción de inocencia esgrime la existencia de un vínculo de marcada desigualdad entre las partes. En ese caso, la protección del acusado puede implicar la desprotección del denunciante.
Incluso hay quienes esgrimen un derecho a la sospecha. Esta perspectiva considera legítimo que una sospecha de culpabilidad motive una actuación por parte del Estado, dejando de lado la presunción de inocencia.
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