El término prevaricato refiere al delito que comete un funcionario público o una autoridad judicial dictando, de manera consciente, una resolución que es injusta. La noción también puede mencionarse como prevaricación, procedente del vocablo latino praevaricatio.
El prevaricato aparece cuando un fallo es arbitrario y resulta opuesto a lo establecido por la legislación. Quien incurre en esta falta comete un abuso de autoridad y no cumple con las obligaciones adquiridas en el marco de sus competencias.
Es importante recordar que los jueces deben encargarse de la aplicación del derecho en casos concretos, recurriendo a la jurisdicción. Aquel que, de forma voluntaria, no aplica el derecho como corresponde, incurre en el delito penal llamado prevaricato.
Para que exista el prevaricato, en definitiva, el responsable debe ser un funcionario o una autoridad que, ejerciendo su cargo, dicta una resolución injusta con dolo. El alcance y los límites del prevaricato, de todos modos, dependen de las leyes de cada nación.
El dolo es un concepto que se usa en el ámbito del derecho para definir la voluntad deliberada de incurrir en un acto delictivo siendo consciente de su naturaleza ilícita. En otras palabras, podemos decir que se trata de la malicia con la que procede un individuo para engañar a otra o bien de pasar por alto una obligación previamente contraída. El dolo es uno de los requisitos del prevaricato.
Supongamos que un juez, en el contexto de una causa por un asesinato, toma la decisión de dictar una resolución arbitraria, sabiendo que su fallo es injusto y contrario a las normas. Así termina condenando a prisión a un individuo inocente. En un caso de este tipo, el juez es responsable del delito de prevaricato.
Veamos una situación real reflejada por muchos medios de comunicación colombianos. Los magistrados Fernando Castañeda y Félix María Galvis fueron condenados a veinte años de cárcel y suspendidos de por vida al ser encontrados culpables de prevaricato y otros delitos, cometidos al sancionar irregularmente a la empresa Ecopetrol.
En cada país, el prevaricato se estudia y se condena de manera diferente. En Argentina, por ejemplo, su Código Penal establece la imposición de ciertas multas así como la inhabilitación absoluta perpetua en casos en los cuales las resoluciones dictadas por los jueces fueran opuestas a la ley o bien se fundaran en resoluciones o sucesos ajenos a la verdad. Si a esto se sumara el compromiso de las libertadas de las personas, es decir si hubiera una conducta criminal condenatoria, a la inhabilitación se le debería agregar el encarcelamiento o la reclusión.
Es importante señalar que los jueces no son los únicos a los que se pueda condenar por prevaricato, sino que en Argentina estas penas también afectan a los abogados. Según el Código Penal, las sanciones mencionadas en el párrafo anterior pueden alcanzar los seis años para un mandatario o abogado judicial que genere un perjuicio deliberado para la causa que le hayan asignado. Del mismo modo, cualquier asesor, fiscal y funcionario que tenga a su cargo la emisión de un dictamen ante las autoridades y que participe del prevaricato deberá ser condenado.
Resulta alarmante que las personas a cargo de administrar la justicia puedan proceder de esta manera, exactamente opuesta a la que repudia el sistema al que representan. Sin embargo, experiencias como las citadas más arriba nos recuerdan que nuestra organización social es arbitraria: puede tener puntos positivos, dar lugar a nuestro crecimiento como especie, pero el hecho de que exhiba fallos tan graves demuestra que nuestra existencia no está sujeta a esta estructura, sino que la hemos construidos nosotros, con nuestras imperfecciones, y que del mismo modo podemos modificarla para vivir cada vez mejor.
