Con origen etimológico en el latín concertatio, concertación es el proceso y la consecuencia de concertar (acordar, convenir, estipular). El concepto es de uso frecuente en el terreno de la política para nombrar a una coalición o una alianza de partidos.
En Chile, entre 1988 y 2013 existió la Concertación de Partidos por la Democracia, nacida como Concertación de Partidos por el No y conocida popularmente como Concertación. Esta coalición compuesta por partidos de centro, centroizquierda e izquierda gobernó durante dos décadas (1990–2010).
El surgimiento de la Concertación de Partidos por la Democracia se dio a partir de la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet. En 1988 hubo un plebiscito para determinar si Pinochet debía seguir en el poder y se impuso el “no”, promovido por la Concertación.
El Partido de Concertación Nacional, por otra parte, es una fuerza política de El Salvador, fundada en 1961 como Partido de Conciliación Nacional. Se trata de un partido conservador que gobernó la nación entre 1962 y 1979.
Ecuador cuenta, desde 2007, con el Movimiento Concertación, que antes se llamaba Concertación Nacional Democrática. Su sede se halla en Quito, la capital nacional.
La idea de concertación también aparece en Perú como un grupo parlamentario: Concertación Parlamentaria. Este bloque está formado por congresistas que pertenecen al Partido Aprista Peruano y por dirigentes independientes.
Una concertación de precios, por último, es un acuerdo que establecen dos o más empresas para impedir el normal funcionamiento del libre mercado. Dicha práctica suele estar penada por la ley, ya que beneficia a los comercios involucrados pero perjudica al consumidor final privándolo de la normal evolución de los precios de mercado.
En palabras de Sergio Salinas, quien se desempeña como profesor en la Escuela de Gestión Pública perteneciente a la Universidad del Pacífico, en Perú, el concepto de concertación de precios se puede definir como una práctica que tiene el objetivo de generar ingresos extraordinarios a las personas involucradas a través de una distorsión del funcionamiento que se espera del mercado en el que operan, todo esto en claro perjuicio de los consumidores.
A través de esta táctica, que consiste en fijar los precios de ciertos productos entre dos o más tiendas que deberían competir de forma legítima con el objetivo último de satisfacer a los clientes, es posible llevar a cabo una práctica similar al monopolio, aunque en este caso los riesgos y los recursos se dividen entre dos o más empresas. Es importante señalar que una de las medidas que toman los comercios involucrados es restringir la producción de los productos, algo que afecta también a quienes no participan del delito.
Si bien la concertación de precios es un acto repudiable bajo cualquier punto de vista, se vuelve aún más difícil de entender cuando se pone en práctica entre dueños de farmacias, uno de los rubros en los que ocurre más a menudo. En este caso, los consumidores perjudicados deben pagar más dinero del establecido legalmente para acceder a productos que necesitan para cuidar su salud.
La Justicia persigue y sanciona a las compañías que incurren en este delito, y las multas suelen ser millonarias. Además, uno de los castigos más graves es la exposición que sufren cuando los medios de comunicación ponen a disposición del público toda la información, junto con mensajes de correo electrónico y documentos de uso interno en los cuales los delincuentes mencionan claramente la manipulación de los precios.
Otros de los mercados que suelen involucrarse en la concertación de precios son el bancario, el cervecero y el de seguros, aunque las autoridades deben llevar a cabo un seguimiento de todos, especialmente de aquellos que generan un consumo masivo y todavía no cuentan con muchas firmas importantes que los representen.
