El derecho a la información es la potestad que tienen todos los ciudadanos de acceder a datos fiables respecto a acontecimientos de interés público. Se trata de la facultad de un individuo para buscar, solicitar y recibir determinados contenidos que son preservados y administrados por organismos del Estado.
Se considera que el derecho a la información es uno de los pilares de la democracia. Esta prerrogativa, que se basa en el acceso a registros públicos, está vinculada a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Su origen
El origen del derecho a la información se encuentra en la primera mitad del siglo XX. A fines de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 gira en torno a la libertad para opinar y expresarse.
En concreto, dicho punto alude al derecho a «investigar y recibir informaciones y opiniones». Así se lo considera como algo inherente a la condición humana.
De todos modos, la evolución del concepto es compleja. Para diversos especialistas, en el siglo XIX se centraban estas ideas en la libertad de prensa: la libertad de aquel que era dueño de una imprenta y podía publicar periódicos o libros. Luego, ya a comienzos del siglo XX, se amplió la noción a los periodistas, a quienes se les reconoció la importancia de su trabajo para buscar y transmitir la información.
Siguiendo con este razonamiento, recién en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se contempló el derecho a la información de todas las personas, independientemente de su condición social, profesión, género, religión y cualquier otro factor. Por eso también se habla de un derecho universal a la información.
Debe considerarse que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, justamente, una declaración: carece de fuerza de ley. La implementación efectiva de éste y del resto de los derechos depende de cada legislación.
Características del derecho a la información
El derecho de la información incluye obligaciones y facultades para aquel que genera y transmite la información pero también para quien la recibe y la reutiliza. Esa doble condición hace que esté relacionado con muchos otros derechos.
El informador, en este marco, tiene derecho a investigar y a difundir opiniones e información sin censura. Así como tiene derecho de acceso a las fuentes, también se le reconoce la reserva de ellas y el secreto profesional. El informado, en tanto, dispone de derecho a recibir opiniones e informaciones, a elegir por qué medios se informa, a requerir que se impongan responsabilidades legales y a dar una respuesta o exigir una rectificación.
Si nos centramos en la actividad de un gobierno, se considera que el derecho a la información establece una doble responsabilidad gubernamental: las autoridades tienen que ser proactivas (deben difundir los datos esenciales de todas sus actividades) y, a su vez, reactivas (deben responder a los pedidos de información de los ciudadanos).
La organización Article 19 redactó una serie de principios que, basándose en legislaciones nacionales e internacionales, recogen las normas y las prácticas más convenientes vinculadas a la legislación sobre el derecho a la información. Entre estos principios aparecen la máxima divulgación (se presume que la totalidad de la información que manejan los entes públicos debe estar contemplada en el alcance del derecho a la información), la obligación de publicar (los organismos públicos deben dar a conocer documentos de interés para la comunidad), la limitación del alcance de las excepciones (la negativa a la difusión debe basarse en un posible daño concreto y sustancial) y la facilitación del acceso (los trámites de solicitud de información pública tienen que ser simples y rápidos), entre otros.
Su importancia
El derecho a la información es muy importante en múltiples aspectos. Se considera que es una herramienta fundamental para la transparencia gubernamental: como ya indicamos, todos los ciudadanos deben contar con acceso a datos fehacientes y confiables sobre la gestión de gobierno.
Puede decirse que el derecho a la información fomenta la participación ciudadana. Con un gobierno abierto e información pública en línea, las personas pueden hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para consultar los archivos gubernamentales.
El derecho a la información, por su parte, también es esencial en la labor periodística. Ya sea para el periodismo de investigación o incluso para el llamado periodismo ciudadano, poder contar con información pública es indispensable para el desarrollo de informes y la publicación de reportajes.
Si no se respeta el derecho a la información, asimismo, los medios de comunicación independientes están en riesgo. Los gobernantes podrían elegir a quién les dan los datos, beneficiando a periodistas oficialistas y perjudicando a aquellos que son críticos u opositores.
Ejemplos de derecho a la información
Un periodista planea presentar un informe televisivo sobre los viajes que realiza el presidente de su país al extranjero. Su objetivo es que la población sepa el dinero que el Estado destina a dichos desplazamientos. Apelando a la ley de transparencia y acceso a la información pública, solicita al Poder Ejecutivo el detalle de los montos destinados a cada viaje. Así, unos días después de su pedido, obtiene la información y puede avanzar con su trabajo.
Un ciudadano, de igual forma, ejerce su derecho a saber y pide al municipio o alcaldía de su ciudad una rendición de cuentas sobre la organización de una maratón. Su intención es saber cuánto gastó el gobierno en dicha actividad que, en su opinión, no es prioritaria cuando faltan insumos y profesionales en el hospital local.