El derecho político estudia la naturaleza, la estructura y el funcionamiento del Estado.
El derecho político es la rama del derecho público que se orienta al análisis de cuestiones vinculadas al Estado. Se lo considera como la base del derecho administrativo y del derecho constitucional, dedicados al estudio del vínculo entre el Estado y las personas.
Antes de continuar, es importante indicar que se llama derecho al conjunto de las reglas y los preceptos que permiten la regulación de las relaciones sociales. El cumplimiento de estas normas, inspiradas en ideales de orden y justicia, es obligatorio: las autoridades estatales están facultadas para sancionar a quienes las infringen.
El derecho, en este marco, puede dividirse en dos grandes ramas: el derecho público y el derecho privado. Mientras que el derecho público se orienta al vínculo que entablan los ciudadanos y las entidades privadas con los organismos estatales, el derecho privado se encarga de las relaciones entre los particulares. Como ya indicamos, el derecho político se enmarca en el derecho público.
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ResumenCaracterísticas del derecho político
Puede decirse que el derecho político nace de la confluencia del derecho y la política. Se entiende por política, a su vez, a la actividad que desarrollan aquellos que se encargan de la administración de las cuestiones públicas y quienes aspiran a tener la posibilidad de hacerlo.
El objeto de estudio del derecho político es el Estado. La disciplina se enfoca en la naturaleza y las funciones del mismo, considerando también cómo se desarrolla el ejercicio del poder. Además se puede señalar que el derecho político examina la organización del Estado a nivel político.
En el derecho político, en definitiva, se entrecruzan las ciencias políticas, la sociología y, por supuesto, el derecho. El conjunto de normas y reglas de su interés regulan el desarrollo de la actividad política y el modo de organización política de la sociedad.
Sus orígenes
Es interesante mencionar que la expresión derecho político surgió en el territorio español durante el siglo XIX como una traducción del concepto alemán Staatsrecht, que en su lengua no comparte un significado idéntico. El concepto, de hecho, no es habitual en tradiciones jurídicas no hispánicas.
Se sabe que en 1870, en la Universidad de Oviedo, ya existía una cátedra de Derecho Político. La noción luego llegó a otras casas de estudios superiores de España y finalmente desembarcó en el ámbito académico latinoamericano.
El derecho político es una rama del derecho público.
Formación en Derecho Político
Los especialistas en Derecho Político son profesionales graduados en Derecho. Si nos centramos en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), por mencionar un caso, existe un Programa de Actualización en Teoría del Estado y Derecho Político.
Destinados a quienes ya se han graduado en Derecho o en carreras afines, se trata de una formación que es parte de un posgrado y cuyos módulos son válidos para un doctorado.
Cabe destacar que en la carrera de Derecho de la UBA había una materia llamada Derecho Político. Sin embargo, en 1985 fue reemplazada por Teoría del Estado. El mencionado Programa de Actualización examina las diversas teorías del Estado y el efecto de distintas ideas políticas y filosóficas sobre el desarrollo de las normas jurídicas.
En la Universidad Internacional de La Rioja (España), en tanto, la especialización en Derecho Político también se integra a un posgrado. La formación se incluye en el Máster Universitario en el Ejercicio de la Abogacía.
El derecho constitucional y el derecho administrativo se basan en el derecho político.
Diferencias con otras ramas
Es habitual que se produzca una confusión entre el derecho político y el derecho constitucional. El derecho político investiga las temáticas esenciales inherentes a la disposición y el funcionamiento del Estado; el derecho constitucional, en cambio, apunta específicamente a la estructura elemental del Estado que se fundamenta en la ley suprema: la Constitución.
En una democracia, el derecho constitucional supervisa que se respete la Constitución. La actividad del gobierno y de los partidos políticos, el desarrollo de elecciones y el rol del parlamento son cuestiones que examina esta rama del derecho.
El derecho político, por su parte, se concentra en la teoría del Estado, considerando el origen, la evolución, las funciones y el objetivo de éste. Por eso, hay especialistas que consideran que el derecho constitucional es parte del derecho político.
Lo mismo puede decirse respecto al derecho administrativo, que se dedica a la regulación de las relaciones entre la administración pública y los individuos. Al igual que ocurre con el derecho constitucional, hay una primacía del derecho político sobre el derecho administrativo.
Los derechos políticos
Es importante subrayar que el derecho político es una rama del derecho o una disciplina. Cuando la expresión aparece en plural (derechos políticos), hace alusión a normas concretas que integran la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados internacionales y otros conjuntos de leyes y normativas.
Los derechos políticos son, en el sentido más amplio, las facultades que disponen las personas para participar en política. Se trata, pues, de derechos fundamentales que protegen cuestiones como la libertad de expresión y el voto libre para elegir la representación política en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
En un Estado de derecho, estos derechos políticos se encuentran garantizados. En cambio, cuando un régimen político abraza el totalitarismo o el autoritarismo, los derechos políticos se ven vulnerados. En esos casos, con frecuencia no se respeta la separación de poderes, la participación ciudadana se encuentra limitada, los movimientos sociales son perseguidos y las libertades civiles resultan cercenadas.
En una dictadura, directamente no se permite la oposición política, las leyes electorales no se respetan y se advierte una amplia censura. Todo aquel que se expresa o actúa en contra del gobierno es perseguido y castigado sin que se tengan en cuenta las garantías constitucionales.
De todos modos, hay que resaltar que, incluso en Estados democráticos, las autoridades pueden declarar el estado de excepción en determinadas circunstancias extraordinarias. En dichos momentos, la ciudadanía no goza de los derechos políticos en plenitud ya que pueden limitarse la libertad de asociación y de información, entre otros principios.
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