La malversación es una apropiación indebida e ilegal de valores.
Malversación es el acto y el resultado de malversar: quedarse con dinero público o destinarlo a un fin inadecuado. Se llama malversación al delito cometido por un funcionario que se apropia de caudales del Estado o permite que un tercero lo haga.
TemasDesvío ilegal de recursos
También conocida como peculado, la malversación supone que alguien se adueñe, de forma indebida, de valores que debía custodiar o administrar por su responsabilidad o cargo. Se trata de un acto de corrupción que se encuentra penado por la ley.
La malversación de fondos públicos implica desviar recursos. Supongamos que, en el presupuesto de una comuna, se aprueba una inversión de diez millones de pesos para la construcción de un centro cultural. El alcalde, sin embargo, realiza una maniobra para embolsar dos millones, destinándolos a una cuenta bancaria que mantiene en secreto. Para desarrollar la obra, por lo tanto, quedan solo ocho millones. Como se puede advertir, el jefe comunal, a través de esta acción, incurre en la malversación de caudales del Estado.
El castigo de la malversación depende de cada legislación. Es habitual que aquel que es encontrado culpable sea inhabilitado para ejercer cargos públicos y deba cumplir una condena en prisión.
Es importante tener en cuenta que la malversación tiene múltiples derivaciones. No solamente constituye una falta ética y una violación de las leyes, sino que además provoca efectos concretos sobre la comunidad. Si un político roba dinero que iba a utilizarse para construir un hospital, ese nosocomio no podrá ser edificado o no contará con las instalaciones ni los servicios previstos. De este modo, los vecinos sufrirán las consecuencias de la corrupción en su vida cotidiana.
Consecuencias legales
Otro término que entra en juego cuando se habla de malversación es «corrupción», y es que se trata de un delito que se relaciona directamente con ésta. Tomando como ejemplo el Derecho español, la regulación de la malversación podemos encontrarla en su Código Penal, donde se especifica un castigo para el funcionario público que haya incurrido en este delito sobre el patrimonio público. La complejidad propia de las leyes hace que exista más de un tipo y, por consiguiente, varios grados de penas.
En el caso de un delito básico, la pena consiste en la prisión por un plazo que va de los dos a los seis años, además de ser inhabilitado para ocupar un cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo por hasta diez años. Existen más detalles y salvedades, que requieren un conocimiento profundo del Código Penal. Para los delitos agravados de malversación, el mínimo de prisión es de cuatro años, mientras que el máximo asciende a ocho.
Además, el período por el cual se inhabilita absolutamente al funcionario imputado por malversación agravada tiene un mínimo de diez y un máximo de veinte años. Para distinguir este caso del anterior, tenemos dos condiciones bien definidas, que trazan la línea entre un delito básico y uno grave:
La pena mínima por malversación es de dos años de prisión.
* que la malversación haya provocado un daño grave al servicio público o bien lo haya entorpecido;
* que el monto de dinero del que se haya apropiado injustamente el funcionario sea superior a los 50 000 euros.
Si el perjuicio fuera por un monto superior a 250 000 euros, la pena que se impone en este tipo de malversación se encuentra en la mitad superior de los plazos antes indicados, con la posibilidad de alcanzar su tope. En cualquier caso, el Código Penal contempla la posibilidad de que el autor repare de manera parcial o total el perjuicio que causó al patrimonio público, o bien que trabaje junto con las autoridades para identificar o atrapar a otros culpables, y de ser así es posible que su pena se rebaje en uno o dos grados.
