El acceso a la información se ve limitado por la censura en Internet.
El acceso a la información es el derecho de un individuo a obtener datos que son almacenados y gestionados por el Estado. Se trata de una facultad que contribuye al desarrollo de la democracia.
Cuando se garantiza el acceso a la información, se promueve la transparencia gubernamental a través de archivos abiertos. Asimismo el acceso a la información es indispensable para permitir el trabajo periodístico y asegurar la libertad de prensa.
Hay que considerar que el concepto también puede referirse al conjunto de los procedimientos que hacen posible buscar, encontrar y editar contenidos que están almacenados en un sistema. En este caso, la idea se vincula a cuestiones como la protección de datos personales y los derechos de autor.
TemasUn derecho humano
Debe destacarse que, como derecho, el acceso a la información está relacionado con la libertad de expresión, reconocida a su vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En aquel documento que adoptó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fines de 1948 se alude a la capacidad de buscar, obtener y transmitir ideas e información mediante cualquier tipo de medio.
Es importante diferenciar, en este punto, entre la información pública y la información privada. Los organismos públicos tienen la obligación de dar a conocer su información y de atender los requerimientos al respecto que le realicen los ciudadanos. Los sujetoso, en cambio, tienen derecho a la privacidad de sus datos personales.
El derecho de acceso a la información, por lo tanto, es el derecho de acceso a la información pública: es decir, a datos, acciones, medidas, planes y programas que se encuentren en documentos generados y gestionados por la administración estatal. Por lo general, los sujetos que están obligados a difundir este tipo de información se encuentran definidos por ley.
Los archivos estatales deben estar abiertos para garantizar el acceso a la información.
Importancia del acceso a la información
El acceso a la información pública es clave para que todos los habitantes puedan conocer qué prestaciones y bienes brinda el Estado a la comunidad. También resulta esencial para que la ciudadanía pueda controlar y supervisar el accionar del gobierno, analizando el presupuesto y la administración de los recursos, una cuestión que además es trascendental para el periodismo de investigación.
Este derecho a saber suele garantizarse mediante una Ley de Acceso a la Información Pública. De este modo, la legislación obliga a las autoridades gubernamentales a publicar sus actos, decisiones, etc., y a satisfacer los pedidos de informes de la ciudadanía. Incluso las entidades privadas que reciben fondos públicos se encuentran alcanzadas por estas normas.
No se puede dejar de mencionar que el derecho de acceso a la información alcanza a la totalidad de los seres humanos. Esto implica que no hay una causa (ya sea la clase social, el sexo, la edad, la etnia, la religión o algún factor intelectual o físico) que justifique la violación de dicho derecho.
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) favorecen el acceso a la información.
Sus principios
Existen varios principios que, de acuerdo a especialistas y activistas, deben regir el derecho de acceso a la información.
La máxima divulgación es uno de esos preceptos. Esto supone que todos los datos administrados por el Estado deben estar a disposición de los ciudadanos, sin contar aquellas excepciones que se contemplan en la legislación correspondiente. La negativa a suministrar información por parte de un ente público, por otro lado, debe tener una justificación.
Este principio está asociado a la obligación de publicar la información y de facilitar los procesos que promueven el acceso. Otra pauta refiere a la necesidad de fomentar el gobierno abierto mediante los mecanismos y los recursos necesarios.
Acceso a la información y secreto de Estado
Como ya indicamos, en una sociedad democrática debe prevalecer el derecho de acceso a la información siempre que sea posible. Sin embargo, la propia democracia contempla limitaciones y restricciones.
Se denomina secreto de Estado a aquella información pública que no puede darse a conocer. Dicho secreto se establece por motivos de seguridad: se entiende que la divulgación pone en riesgo, de alguna forma, la defensa y la seguridad de la nación.
Por sus características, el secreto de Estado nació en el ámbito militar. Cierta informaciones, al salir a la luz, pueden hacer que un ejército pierda sus batallas o que el territorio de un país esté en riesgo. Con esta justificación, se acepta que un gobierno maneje documentos clasificados. No obstante, la utilización política de este recurso y los abusos por parte de gobernantes hacen que, en ocasiones, amenace el derecho de acceso a la información.
Si bien se trata de un asunto complejo y de debate frecuente, los especialistas realizan diversas recomendaciones para abordar estas cuestiones. Por un lado, señalan que es necesario definir a nivel legal las nociones de defensa nacional y seguridad nacional. Si se establece con precisión el alcance de estos conceptos, ese marco legal minimiza el mal uso de las ideas bajo el argumento del secreto de Estado.
Por otra parte, los expertos subrayan que el carácter secreto de un documento o incluso de una ley no puede ser permanente o indefinido. Se hace vital determinar un comienzo y un final de dicha condición para impedir que las autoridades se escuden indebidamente en el secreto de Estado para ocultar sus acciones.
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