Los derechos indígenas preservan la sabiduría ancestral.
Los derechos indígenas son facultades colectivas que se les reconocen a los pueblos originarios por su condición específica. Se trata de potestades vinculadas al idioma, la religión, el uso del territorio y otras cuestiones que hacen a la identidad de las comunidades aborígenes.
De acuerdo a Amnistía Internacional, existen unos 5.000 pueblos indígenas distribuidos en más de 90 países. En total suman cerca de 476 millones de individuos que representan más del 6% de la población mundial.
Más allá de sus diferencias, estos grupos comparten el hecho de sufrir la vulneración de sus derechos humanos y distintos actos de discriminación y racismo. Muchas de estas personas se encuentran inmersas en la pobreza y no pueden acceder a los servicios de salud ni a la educación, por ejemplo. Frente a esta realidad, numerosos instrumentos internacionales y legislaciones reconocen la existencia de los derechos indígenas como una herramienta para salvaguardar las tradiciones, proteger la identidad y mejorar la calidad de vida de los miembros de estas minorías.
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ResumenLa mirada de la ONU
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) fue aprobada en 2007 por la Asamblea General, teniendo en cuenta la recomendación previa del Consejo de Derechos Humanos y reconociendo «injusticias históricas». En su primer artículo, hace hincapié en los derechos individuales y los derechos colectivos de los indígenas a disfrutar plenamente las libertades y las potestades fundamentales recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y las normativas internacionales.
La autodeterminación, el mantenimiento de las prácticas culturales tradicionales, la participación política, la educación intercultural bilingüe y la protección ambiental de los territorios ancestrales son algunos de los derechos reconocidos en la declaración de la ONU.
En un sentido amplio, este documento apunta a salvaguardar la identidad indígena con su patrimonio inmaterial y a combatir la pobreza y exclusión de estos pueblos. Dando reconocimiento a su soberanía territorial y permitiendo el autogobierno, busca que los indígenas estén en condiciones de desarrollar sus planes de vida en libertad.
La conservación de la lengua y del conocimiento tradicional forma parte de los derechos indígenas.
Ejemplos de derechos indígenas
Podemos encontrar ejemplos de derechos indígenas en muchos países. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por mencionar un caso, reconoce los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Dicho reconocimiento aparece en el artículo 2, donde se alude a la «composición pluricultural» de la nación que se sustenta en las poblaciones indígenas descendientes de los pueblos que vivían en el actual territorio del país antes de la colonización.
La Constitución mexicana, en este marco, obliga al gobierno federal y a las autoridades estatales y municipales a respetar el derecho a la propiedad teniendo en cuenta la «relación especial» de estos pueblos con sus tierras; el derecho a no ser obligados a una asimilación forzada; el derecho a optar por sus modos de convivencia; y el derecho a decidir sus autoridades según sus propios procedimientos y reglas, por ejemplo. Estas normas se complementan con la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y otros mecanismos legales.
En Argentina, en tanto, la norma sobre pueblos indígenas también aparece en la Constitución a partir de la reforma de 1994. Se reconoce, en este contexto, la preexistencia cultural y étnica de estas comunidades y se asegura el respeto a su identidad y a la propiedad comunitaria de los territorios que ocupan.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Argentina, a su vez, reconoce el derecho a la educación intercultural bilingüe, a la no discriminación y al respeto por sus instituciones, prácticas y valores.
También pueden encontrarse ejemplos de derechos indígenas en la Constitución Política del Perú. En este país, el Estado cuenta con una Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios desarrollada según los criterios fijados por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT)
A los pueblos registrados en dicha base de datos se les reconoce el derecho a la educación intercultural, el derecho a la jurisdicción especial y el derecho a mantener las costumbres mientras no resulten contradictorias con los derechos fundamentales que se contemplan a nivel internacional.
La protección del patrimonio natural y cultural de los pueblos originarios está contemplada en los derechos indígenas.
La cuestión ambiental
La mayoría de los analistas coinciden en que, pese a los avances en el reconocimiento y la defensa de los derechos indígenas, la discriminación aún es marcada. En la actualidad, muchos de los atropellos que sufren las comunidades aborígenes se vinculan a las actividades industriales y comerciales que contaminan y degradan sus territorios, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y los modos de vida de estos grupos.
Por eso muchas veces el activismo indígena coincide con el activismo ambiental. Los megaproyectos de minería y extracción y diversas industrias suelen avanzar sobre territorios que los indígenas ocupan desde tiempos ancestrales, lo que genera conflictos por tierras y el desplazamiento forzado de muchos grupos.
La resistencia indígena, en este punto, comparte objetivos con los defensores de la tierra y la biodiversidad. No solo estas comunidades necesitan un manejo sustentable de recursos para su subsistencia, sino que para la humanidad en general es imprescindible cuidar la naturaleza y minimizar los efectos del cambio climático.
Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que los conflictos por el territorio también irrumpen cuando el propio Estado expulsa a comunidades aborígenes para establecer áreas protegidas con el objetivo de preservar la flora y fauna endémica. Esto ha ocurrido en Kenia, Camboya, Tanzania, Nepal y Uganda, de acuerdo a Amnistía Internacional, en un fenómeno que ha sido bautizado como colonialismo verde.
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