Las primeras acepciones de desafuero que menciona la Real Academia Española (RAE) en su diccionario refieren a una acción que resulta opuesta a las buenas costumbres o a la ley. El término, de todos modos, suele usarse para aludir al acto que quita los fueros a aquel que contaba con ellos.
Para comprender a qué hace mención el concepto de desafuero, por lo tanto, primero resulta imprescindible saber qué son los fueros. Así se denominan las prerrogativas o los privilegios que tiene un individuo por su cargo.
El aforamiento se otorga por la posición que ocupa alguien, por sus funciones y/o por una condición individual. Cuando se le retiran los fueros al aforado, se produce el desafuero.
La consecuencia del desafuero, por lo tanto, es que quien tenía fueros deja de tenerlos. La decisión del desafuero suele vincularse a la presunción de un delito.
En este punto es importante mencionar que la existencia de los fueros se justifica en la intención de garantizar la autonomía y la libertad de una persona elegida democráticamente para ejercer una función pública y representar al pueblo. Los fueros permiten que los legisladores puedan desarrollar su trabajo sin la injerencia de sectores que pretendan imposibilitar su labor y sin la influencia de otros poderes.
Los fueros, en este marco, dotan de derechos excepcionales a ciertos individuos. Sin embargo, no otorgan impunidad. Si existen motivos fundados para sospechar que un funcionario aforado cometió un delito, se puede producir el desafuero para anular las limitaciones procesales y así juzgar al sujeto en cuestión.
En este contexto no podemos dejar de mencionar uno de los casos más destacados de desafuero de la historia reciente, el de Andrés Manuel López Obrador, a quien también se conoce como AMLO, el presidente de México desde el año 2018. Este proceso legal tuvo lugar entre 2004 y 2005, y todos los datos que giraban en torno al mismo fueron de gran interés para la prensa y el público.
Todo comenzó en el año 2004, cuando el gobierno de la Ciudad de México, que en el pasado se conocía con el nombre de Distrito Federal, fue acusado de incumplir una orden judicial según la cual se debía detener la construcción de una calle en unas tierras que habían sido expropiadas por otros gobiernos. Si bien finalmente la orden se respetó, no se hizo de forma inmediata y la responsabilidad cayó íntegramente sobre López Obrador.
Desde el año 2000, López Obrador era jefe de gobierno, y por eso contaba con inmunidad jurídica, más precisamente con fuero parlamentario, es decir la prerrogativa de quienes forman parte de un grupo legislativo que les brinda inmunidad parcial en caso de juicio a menos que sean de carácter constitucional. En otras palabras, no se lo podía someter a un proceso penal o administrativo salvo que así lo determinase el Congreso de la Unión.
Seguidamente, el gobierno federal con el entonces presidente Vicente Fox Quesada a la cabeza solicitó el desafuero para el Congreso de la Unión, con el objetivo de que López Obrador pudiera ser sometido a un juicio en el que se aclarara el asunto. La opinión pública no tardó en llegar a los medios de comunicación, y la mayoría señaló que se trataba de una maniobra política para impedir que López Obrador se postulase como presidente en el año 2006.
Durante un tiempo, tanto los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional como el gobierno federal sostuvieron su decisión alegando que perseguían la legalidad ante todo. El cierre del proceso de desafuero tuvo lugar el 7 de abril de 2005, y acarreó multitudinarias protestas en su contra. Finalmente, Vicente Fox anunció públicamente que detendrían sus acciones judiciales.
