En los territorios en los cuales rige el principio de igualdad ante la ley se busca dar garantías para que todos los ciudadanos sean tratados de la misma manera, sin privilegios ni discriminación.
Igualdad ante la ley es un principio, definido también a través de la expresión igualdad jurídica, que resulta abrazado por la democracia y defendido por el liberalismo.
Este contenido marca que todos los individuos, en igualdad de condiciones, deben gozar del mismo trato y tener los mismos derechos, sin ninguna clase de excepción ni favoritismo. En este contexto, cada Estado en el cual se busca respetar la igualdad ante los ojos de la ley debe trabajar para evitar desigualdades y asegurar que todos los ciudadanos tengan, a nivel jurídico, iguales garantías y derechos. No deben permitirse actos de discriminación ni privilegios: todos los ciudadanos, sin distinción de nacionalidad, origen étnico, credo, orientación sexual, género, raza deben poder acceder a los mismos derechos civiles y políticos y ser objetos de un único ordenamiento jurídico.
Es importante saber que no existe la igualdad ante la ley en territorios en los cuales hay teocracia, esclavitud o colonialismo. Cuando se promueve la igualdad desde la idea de equidad las diferencias entre las personas no se tienen en cuenta y nadie puede ni debe estar por encima del resto de la gente ni de la ley.
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ResumenHistoria de la igualdad ante la ley
De acuerdo a registros históricos, ya en época de democracia ateniense se aludía a un modelo que era justo y equilibrado al impartir y proporcionar justicia, así como también le reconocía a los hombres el derecho a la libertad de expresión y les daba las mismas oportunidades de participación e idénticos derechos en materia política.
En la antigüedad ya iba aprobándose la idea de igualdad en cuanto al derecho natural de la humanidad, pero tampoco hay que pasar por alto que el derecho romano, en la era imperial, consideraba iguales a todos los miembros de la ciudadanía reservándole una posición especial únicamente al emperador.
La isonomía, vocablo que refiere a una igualdad en relación a los derechos políticos, ha ido imponiéndose asimismo desde hace una gran cantidad de años.
A medida que fue transcurriendo el tiempo el principio de igualdad fue adquiriendo múltiples dimensiones. En este sentido empezaron a ganar notoriedad los conceptos de igualdad relativa (expresión que supone una igualdad de trato en idénticas situaciones) e igualdad absoluta (idea que conviene un trato de igualdad más allá de cuáles sean las condiciones a nivel individual).
Aplicación
La igualdad ante la ley figura en numerosas declaraciones y constituciones.
Un artículo de la Constitución Nacional Argentina, por mencionar un caso concreto, considera iguales ante la ley a los habitantes del suelo argentino y señala que únicamente la idoneidad puede ponerse como condición al momento de asignar un empleo. No se permiten, desde la teoría, acciones de discriminación ni tratos desiguales. Cuestiones similares se plasman en las constituciones de Perú, Ecuador, México, Colombia y España, por mencionar algunas referencias.
El Salvador es otra de las naciones que prohíbe las restricciones y los privilegios en cuanto al goce de derechos civiles, mientras que en suelo francés se incluyó dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano un punto que exalta la libertad con la cual nacen y se desarrollan los seres humanos, quienes deben ser iguales en materia de derechos.
Se habla de equidad para aludir a un principio de cáracter ético que busca imprimirle igualdad a la justicia a fin de conseguir una sociedad más equitativa.
Ejemplos de igualdad ante la ley
En la práctica, la igualdad ante la ley se plasma en veredictos que, ante un mismo delito, no se condicionan por el estatus social, la capacidad financiera ni por el género de la persona que ha sido encontrada culpable: bajo las reglas de la igualdad, la Justicia actúa (o debiera actuar) de la misma manera, se trate de un hombre, una mujer, alguien adinerado o un sujeto de escasos recursos económicos.
A escala general, este principio marca que, frente a episodios idénticos, se debe juzgar o proceder con una misma vara, evitando tratos diferenciales y excepciones.
En suelo argentino fue reglamentada una ley centrada en la equidad de género a fin de ponerle fin a desigualdades en el trato y la consideración entre mujeres y hombres.
Se viola el derecho a gozar de igualdad ante la ley si un Gobierno impone restricciones o requisitos inalcanzables para ciertos sectores de la población al momento frente a la tramitación de determinados documentos o la realización de gestiones puntuales. Además, queda vulnerado el principio de igualdad ante la ley cuando, por algún motivo, no se aplica ni cumple el principio legal bautizado como debido proceso que establece que la esfera estatal debe actuar de manera tal que se asegure el respeto hacia los derechos legales de cada individuo. Al menos en Argentina, el debido proceso constituye una garantía constitucional que le da a alguien llevado a juicio el derecho para defenderse y ser escuchada por las autoridades competentes previo a que se tome una decisión que influya sobre sus obligaciones y derechos.
En el ámbito educativo, la igualdad se traduce en igualdad de oportunidades para que todos los seres humanos puedan acceder a una educación de buena calidad más allá de la edad, el contexto socioeconómico, las creencias o los rasgos que tengan.
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