La juridicidad es la condición de jurídico: que se ajusta o corresponde al derecho. Se denomina derecho, en tanto, al conjunto de las normas y las reglas que permiten la regulación de los vínculos entre las personas que integran una sociedad, expresando una idea de orden y justicia.
Pilar del Estado de derecho
Retomando el concepto de juridicidad, refiere a la tendencia que apunta a privilegiar, en el terreno social y político, aquellas soluciones basadas estrictamente en el derecho. El principio de juridicidad, en este contexto, se basa en el sometimiento de las acciones al ordenamiento jurídico.
La juridicidad es uno de los pilares del Estado de derecho. Los gobernantes que administran el Estado de derecho no tienen un poder sin límites, sino que están obligados a actuar en el marco legal. La Constitución, en este sentido, es la ley suprema.
Todos los niveles de la administración estatal deben desempeñarse con actuaciones encuadradas jurídicamente. El respeto por ese principio de juridicidad es ineludible, ya que de lo contrario un gobierno perdería su cualidad de constitucional y podría convertirse en una dictadura.
El principio de juridicidad, en definitiva, implica que el Estado de derecho debe hacer regir la ley y, de forma simultánea, ser regido por la propia ley. Los gobernantes no pueden ir más allá de la frontera que determina la legislación, mientras que los ciudadanos tienen derechos que son inalienables y que quienes están a cargo de la administración del Estado no pueden desconocer ni vulnerar. Por eso el poder de cada gobierno no es ilimitado y radica en las leyes, no en los seres humanos.
Grados de juridicidad
La juridicidad es un concepto que se puede graduar, y al respecto de esta afirmación hay diversos estudios en los cuales los sistemas jurídicos evolucionados se describen como aquellos que cuentan con mecanismos para mediar las disputas de manera heterogénea. El «grado» de juridicidad nos indica cuánta mediación existe entre las partes. Esto nos dice que a la hora de resolver un conflicto entre dos partes debe actuar un tercero que no represente los intereses de ninguna de las dos. Ya sea en la vía pública en pleno conflicto, donde tenemos los cuerpos de policía, o bien en los tribunales, donde entran en juego los abogados.
Dicho de otra manera, la administración de justicia no es un proceso automático, que parta de un ente con poder a otro que reciba su veredicto, sino que es necesario un intermediario que brinde asesoramiento e investigue los hechos para garantizar al máximo el cumplimiento de las leyes. Partiendo de estos datos, sería posible clasificar las diferentes sociedades teniendo en cuenta su grado de juridicidad. Es importante que el grado cero, es decir, sin policía, ni abogados ni tribunales, es prácticamente inexistente. En el primero, encontramos la mediación; en el segundo, los tribunales; en el tercero, los abogados y la policía. Y así podemos continuar sumando conceptos como la legislación.
Las de grado cero son extremadamente simples, ya que tienen una población muy pequeña, no tienen moneda oficial ni escritura, además de compartir los bienes y carecer de especialización del trabajo. Ya en los grados más altos encontramos un sistema jurídico avanzado, espacios urbanos y una economía basada en la agricultura que brinda puestos de trabajo a una buena parte de la población.
No resulta difícil de entender que las sociedades que poseen el mismo grado de juridicidad tengan también en común ciertas características en aspectos como la cultura, la economía y la organización. Esto no significa que baste con este atributo para agrupar países asumiendo que son compatibles, sino que al menos en su forma de entender el derecho y el cumplimiento de las normas tienen una base teórica y práctica similar.