La legislación ambiental es el conjunto de las leyes que se orientan a la protección del medio ambiente. Se trata de aquellas normas que establecen obligaciones tendientes a minimizar el daño que las actividades y las conductas pueden causarle al planeta.
Cabe destacar que se llama legislación al cuerpo de normativas mediante las cuales se lleva a cabo el gobierno de un Estado o se regula una cierta materia. Ambiental, en tanto, es un adjetivo con varios usos: en este caso nos interesa su acepción como aquello vinculado al ambiente (término que alude a varias cuestiones; entre ellas, al entorno natural).
Concepto de legislación ambiental
La legislación ambiental establece el marco jurídico que ordena las conductas con relación a su impacto en el medio ambiente. A grandes rasgos puede afirmarse que estas pautas indican a las personas, las empresas y los gobiernos cómo tienen que actuar para evitar sanciones legales asociadas a la generación de un perjuicio ecológico.
Estas leyes de protección ambiental constituyen el sistema que se conoce como derecho ambiental, centrado en el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Conservar la diversidad biológica, minimizar la contaminación y preservar los recursos naturales son algunos de los objetivos de esta rama del derecho.
Las leyes de conservación de la biodiversidad, las normativas sobre residuos peligrosos, las directivas de calidad del agua y las regulaciones sobre la contaminación del aire forman parte de la legislación ambiental. A las imposiciones que se fijan desde el Estado se le suman los criterios y los estándares que aplican las compañías como parte de su responsabilidad social empresarial (RSE) y los propios individuos en su vida cotidiana de acuerdo a lo dicta su conciencia.
Su importancia
La legislación ambiental tiene impacto en múltiples ámbitos. Sus efectos más directos tienen que ver con la preservación de la ecología: el aire, el agua, el suelo, los seres vivos, etc. Los cambios en el equilibrio natural provocan múltiples problemas, tanto en el presente como en el largo plazo.
Estas leyes, además, permiten cuidar la salud. Los altos niveles de contaminación influyen en el bienestar de las personas, con lo cual garantizar la limpieza del agua y el aire, por ejemplo, es un modo de contribuir a que la población se mantenga saludable.
Al proteger recursos naturales, la legislación laboral también salvaguarda prácticas culturales y modos de vida. Incluso los especialistas sostienen que esta clase de normas contribuye al ahorro económico por la reducción de costos en la salud pública.
La legislación ambiental y el cambio climático
La legislación ambiental cumple un rol fundamental en la lucha contra el calentamiento global. Las regulaciones de cambio climático incluyen, por ejemplo, normas de emisión de contaminantes.
Es importante tener en cuenta cómo se produce el aumento de la temperatura planetaria. Los rayos del sol, al atravesar la atmósfera, calientan la superficie planetaria y una parte de ellos rebota y regresa al espacio exterior. Sin embargo, la acumulación de gases de efecto invernadero debido a la contaminación hace que la radiación solar no pueda volver a salir. Por eso incrementa la temperatura en la Tierra.
De este modo, las regulaciones de emisiones de gases de efecto invernadero son claves. En el plano internacional existen convenios como el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto que establecen restricciones y medidas, en muchos casos de carácter obligatorio para los firmantes.
No se puede dejar de mencionar que el cambio climático provoca desde el derretimiento de glaciares (con el consiguiente aumento del nivel del mar y, por lo tanto, del riesgo de inundaciones) hasta la desertificación, pasando por una acentuación de la intensidad de las tormentas. Estas cuestiones llevan a que muchas personas deban abandonar sus hogares y migrar.
La regulación de otros ámbitos
Los alcances de la legislación ambiental son variados. Existen leyes de reciclaje, normas de gestión de residuos sólidos, reglamentación sobre ruido ambiental, directivas de contaminación lumínica y normativas de desechos electrónicos, por mencionar algunas posibilidades.
Como se puede advertir, las repercusiones de estas reglas influyen en todo tipo de actividades. El Estado está habilitado a exigir a los fabricantes de ciertos productos que incluyan un determinado porcentaje de materiales reciclados, por ejemplo. A la vez puede obligar a los ciudadanos a separar sus residuos domiciliarios y a circular en vehículos que no generen un ruido superior a un cierta cantidad de decibeles.
La finalidad de las reglamentaciones, en todos los casos, es preservar el entorno y cuidar el bienestar. Como el resto de las leyes, persiguen el bien común o los intereses de la mayoría.
Resistencia a la legislación ambiental
Pese a todo lo mencionado, la legislación ambiental suele encontrar resistencia en parte de la sociedad. Por un lado, para las empresas cumplir con estas normas puede implicar un costo más elevado, con lo cual se reducen las ganancias.
Las leyes de conservación de bosques, por aludir a un caso concreto, impiden talar árboles. Esto afecta la actividad de compañías madereras y de aquellas que producen papel, por ejemplo. Las leyes de explotación minera responsable, en tanto, fijan obligaciones a los protagonistas de la industria minera.
Los ciudadanos también pueden mostrar reticencia a la legislación ambiental cuando los fuerza a modificar hábitos. Hay leyes de consumo responsable y normativas de ecoturismo, entre otras, que restringen la libertad individual en pos del beneficio de la sociedad en su conjunto.