El concepto de principio de razonabilidad se emplea para aludir a un criterio que permite regular el ejercicio de los derechos. La noción refiere a la necesidad de lograr que la lógica y el sentido común imperen a la hora de la aplicación de las normas.
En el terreno del derecho laboral, el principio de razonabilidad contribuye a evitar los abusos por parte de los trabajadores y de los empleadores. Por ejemplo: la ley avala que un empresario pueda despedir a un empleado si éste comete una falta, pero no permite tomar cualquier tipo de falta como excusa para la rescisión unilateral del contrato de trabajo.
Frente a una situación conflictiva, por lo tanto, un juez tiene que atenerse al principio de razonabilidad y evaluar si el empleador abusó de su derecho al despedir al trabajador o si, en cambio, el ejercicio de dicho derecho resultó razonable.
Sin el principio de razonabilidad, el dueño de una compañía podría despedir a un empleado que no le simpatiza recurriendo a un argumento sin sentido, sintiéndose amparado por la ley. El principio de razonabilidad, por el contrario, le impide aprovechar su poder para tomar una decisión arbitraria e injusta.
En un sentido más amplio, el principio de razonabilidad apunta a que todas las leyes sean acordes al espíritu que tiene la Constitución nacional. Dicho de otra manera: las normativas y los reglamentos no pueden contradecir lo establecido por la carta magna.
Actualmente se define el principio de razonabilidad como el resultado de una extensa jurisprudencia. Se lo aplica en la mayoría de las sociedades occidentales, analizando en cada caso las particularidades que ameritan su invocación.
Llegado este punto es necesario hacer una aclaración con respecto a la relación que existe entre el concepto de principio de razonabilidad y el de proporcionalidad, que con cierta frecuencia se confunden. Aunque ambos tengan puntos en común, ya que comparten la meta de luchar contra las decisiones arbitrarias en detrimento de los derechos de un individuo (como ser un empleado que es despedido sin razón aparente), estudiados en detalle se puede definir con certeza que no se trata de dos sinónimos.
En Estados Unidos, por ejemplo, el concepto de principio de proporcionabilidad no parece sostenerse si nos salimos del campo del Derecho Penal, ya que allí la razonabilidad tiene una amplitud mucho mayor que en otros países en lo que a controlar los poderes públicos se refiere, partiendo de la correcta aplicación de las leyes.
A pesar de ello, sí parece haber un lazo entre estos dos principios. Esto ocurre porque el concepto de razonabilidad incluye en su definición el de proporcionalidad, como una manifestación o consecuencia de ella a través de la cual es posible determinar si un acto estatal es el más adecuado desde un punto de vista jurídico para alcanzar una meta determinada.
Con respecto a la relación que existe entre el principio de razonabilidad y la Constitución, los expertos aseguran que para la cultura angloamericana el pilar sobre el cual se sostienen sus sistemas constitucionales es precisamente la razonabilidad, entendido en parte como todo lo que pueda ser considerado razonable o propio del sentido común para cualquier persona. Más arriba se habla de un despido injusto como una medida que se aparta de este principio, precisamente porque echar a alguien por causas arbitrarias no parece razonable para nadie, independientemente de los intereses retorcidos que haya de fondo.
Esto nos lleva al nacimiento mismo del constitucionalismo, que no se basó en cuestiones abstractas alejadas de la forma de pensar del pueblo, sino todo lo contrario: las leyes buscan proteger a la gente plasmando de forma oficial lo que todos creemos justo y razonable, o al menos lo que el sistema quiere que veamos de esa forma.
