Los derechos LGBTIQ+ son las garantías y las potestades que disponen las personas que integran una minoría sexual. Se entiende por minoría sexual, en tanto, al grupo social cuyos integrantes tienen una orientación sexual, expresión de género y/o identidad de género diferentes respecto a las de la mayoría.
Estas personas suelen ser víctimas de discriminación debido a esa condición vinculada a la sexualidad y al género. Frente a esta realidad, es habitual que las legislaciones contemplen una protección específica para estos individuos y además prevean castigos para sus agresores u opresores, aunque las leyes varían según cada país.
Cabe destacar que la sigla LGBTIQ refiere a lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y queer. El símbolo más (+), en tanto, hace alusión a otras disidencias y comunidades minoritarias.
Historia de los derechos LGBTIQ+
La historia de los derechos LBGTIQ+ se fue construyendo poco a poco a lo largo de un periodo temporal muy amplio. De todos modos, suele mencionarse a la década de 1960 como el inicio del movimiento de liberación gay y el activismo LGBTIQ+.
Suele enmarcarse dicho origen en un contexto en el cual se intensificó la lucha por la no discriminación, los derechos humanos y las libertades civiles. En aquella época, por ejemplo, también se potenciaron las proclamas feministas y las protestas contra la discriminación racial. El auge del movimiento hippie en Estados Unidos y el estallido del llamado Mayo francés fueron otros fenómenos que contribuyeron al desarrollo de un marco que permitió elevar el reclamo por mayor seguridad y protección legal para las minorías sexuales, víctimas habituales de acoso y violencia.
Un hecho clave para el surgimiento y la organización del activismo LBGTIQ+ fue la revuelta de Stonewall. El 28 de junio de 1969 por la madrugada, una redada policial en el bar Stonewall Inn (en el área de Greenwich Village en Nueva York) que incluyó detenciones y malos tratos derivó en una serie de disturbios y manifestaciones. Poco tiempo después, ese activismo se formalizó con la creación del Frente de Liberación Gay (Gay Liberation Front).
Las demandas a favor de la diversidad sexual y en contra de la discriminación de género fueron plasmándose en distintos tipos de políticas de inclusión y leyes anti-homofobia. De todas formas, la legislación LGBTIQ+ sigue difiriendo mucho según el país.
La sodomía
La idea de sodomía se asocia a las prácticas sexuales que van más allá del coito vaginal. El término es descalificativo e incluso puede reflejarse en leyes que consideran que determinados actos sexuales son delitos debido a resultar indecentes o contranaturales.
Con frecuencia, las leyes de sodomía castigan la homosexualidad. Más de sesenta naciones contemplan sanciones en su legislación para los actos sexuales entre homosexuales, incluso cuando sean consensuados entre adultos.
Arabia Saudita, Camerún, Catar, Indonesia, Liberia, Marruecos, Nigeria, Santa Lucía, Siria y Tonga son algunos países que castigan legalmente la homosexualidad. En varios de ellos incluso se contempla la pena de muerte.
Paralelamente, la mayoría de los Estados han avanzado desde el siglo XVIII en adelante en la despenalización de estas prácticas. Si bien eso implica un progreso, hubo además avances marcados en el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+ como la habilitación del matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo.
Impulso de los derechos LBGTIQ+
Los derechos LBGTIQ+ son impulsados por activistas y ONG pero también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los esfuerzos apuntan a que la homosexualidad no sea penada y a que el Estado reconozca los vínculos entre individuos del mismo sexo, así como el establecimiento de leyes contra el acoso y la discriminación.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional son organizaciones que promueven el reconocimiento de los derechos LBGTIQ+ como derechos humanos. En el caso de Amnistía Internacional, la entidad destaca que, en muchos países, pertenecer a una minoría sexual implica estar en riesgo. Pero también advierte que, aún sin enfrentarse a un peligro de muerte, las lesbiana, los gais, los bisexuales, los trans, los intersexuales y los queer que viven en otras regiones padecen actos de discriminación que atentan contra su bienestar.
De este modo, Amnistía Internacional resalta que, más allá de un castigo penal, los miembros del colectivo LGBTIQ+ pueden encontrarse con obstáculos para conseguir empleo y recibir atención médica. Además pueden sufrir hostigamientos en sus lugares de trabajo.
Es interesante señalar que la jurista canadiense Louise Arbour, mientras estaba al frente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitó a más de una decena de especialistas en derecho internacional de los derechos humanos la confección de un documento sobre derechos LGBTIQ+. Los expertos se reunieron entre el 6 y el 9 de noviembre de 2006 en la Universidad de Gadjah Mada (Indonesia) y así nacieron los Principios de Yogyakarta.
En dicho documento se recogen 29 principios que giran en torno a cómo aplicar la legislación internacional de derechos humanos respecto a la identidad de género y la orientación sexual. La finalidad es garantizar los derechos humanos de las minorías sexuales.
Los Principios de Yogyakarta incluyen recomendaciones a la ONU y a los gobiernos, pero no constituyen un tratado con lo cual no funcionan como un instrumento vinculante. No obstante, sus redactores impulsan que sean considerados como un estándar jurídico de cumplimiento obligatorio para los Estados.