La seguridad social es el cuidado y la asistencia que una sociedad brinda a sus ciudadanos para que puedan satisfacer ciertas necesidades básicas y afrontar diversas contingencias. Se trata de una prestación que generalmente brinda el Estado a través de distintos organismos y programas.
La vejez, el desempleo, la enfermedad y la invalidez son algunas de las cuestiones atendidas por la seguridad social. Su finalidad es otorgar recursos a las personas para que puedan atravesar determinadas etapas o situaciones sin pasar penurias.
Origen de la seguridad social
El origen de la seguridad social se encuentra en la década de 1880. En aquella época, el canciller alemán Otto Bismarck implementó una serie de políticas para dotar de protección a la población, actuando en sintonía a lo que más adelante se conocería como Estado de bienestar.
La seguridad social prevista por Bismarck se estructuró en medidas como una pensión por jubilación desde los 70 años, una pensión por discapacidad, un seguro de accidentes y un programa de indemnización. De acuerdo a los analistas, la intención del canciller era otorgar ciertos beneficios a los trabajadores para mantener el buen funcionamiento de la economía de Alemania y, sobre todo, para evitar que los obreros se vuelquen al socialismo.
Para la aplicación de estas políticas, Bismarck ideó un sistema contributivo de reparto. Se estableció un vínculo directo entre los aportes de los trabajadores y las pensiones a las que accedían al retirarse, mientras que las cotizaciones de los trabajadores permitían abonar las pensiones de los jubilados.
Desarrollo histórico
El desarrollo histórico de la idea de seguridad social tuvo otra instancia importante entre 1933 y 1938 con el New Deal («Nuevo Trato») promovido por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. El mandatario busco impulsar la intervención estatal para minimizar las consecuencias negativas de la Gran Depresión.
En este marco se habían creado seguros sociales básicos a nivel local para ayudar a los ancianos, pero Roosevelt incentivó que la asistencia sea formalizada mediante una ley federal de alcance más amplio. Así, el 14 de agosto de 1935 fue aprobada la Ley de Seguridad Social.
Esta legislación fijó distintas ayudas para discapacitados, un seguro de desempleo y jubilación a partir de los 65 años. Para financiar estas erogaciones, los empleadores y los trabajadores activos debían realizar contribuciones, tal como se había decidido en la Alemania de Bismarck.
En la década de 1940, en tanto, en el Reino Unido se diseñó un modelo diferente. Su creador fue sir William Beveridge a pedido del ministro de Trabajo, Ernest Bevin. Luego de realizar una serie de estudios, Beveridge propuso que todos los individuos en edad de trabajar tenían que abonar tasas para posibilitar las prestaciones sociales.
El llamado Informe Beveridge sugería la creación de un sistema que dotara de una pensión asistencial de subsistencia con una suma igual y fija para la mayoría de los trabajadores. Esto beneficiaba a los más pobres (como la pensión era igual para casi todos, incluso quienes habían aportado poco accedían al derecho a cobrarla), pero también conformaba a los más ricos (dado que las contribuciones eran mínimas y les dejaban margen para destinar otra parte de los ingresos al ahorro privado).
Con el tiempo, muchos países adoptaron sistemas de seguridad social. Incluso el concepto pasó a formar parte de programas y convenios de instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fue incorporado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Administración y financiamiento de la seguridad social
En la actualidad, la mayoría de los sistemas de seguridad social siguen siendo administrados por el Estado. Sin embargo, hay naciones que contemplan la participación de empresas para proveer ciertas prestaciones (como las compañías de medicina prepaga y aquellas que administran fondos de pensión),
En cuanto al financiamiento, la seguridad social suele basarse en el principio de contributividad: los trabajadores activos y las empresas están obligados a aportar al sistema. De todos modos, existen además las prestaciones no contributivas que se destinan a quienes no aportaron en las cantidades previstas para acceder a las prestaciones contributivas o son trabajadores informales.
Así, las prestaciones contributivas se financian directamente con los aportes de los beneficiarios (trabajadores activos) y los empleadores, mientras que las no contributivas se sostienen con recursos públicos (como los impuestos).
Falta de cobertura
Se estima que apenas el 20% de la población mundial cuenta con una cobertura amplia de seguridad social. Más de la mitad de las personas, de hecho, no disponen de ningún tipo de protección.
Esta problemática está vinculada sobre todo a la informalidad de la economía y a la pobreza. Millones de hombres y mujeres son trabajadores por cuenta propia o a domicilio o tienen empleos eventuales, con lo cual no realizan aportes y no acceden a las prestaciones.
Hay que resaltar que, con la seguridad social, los trabajadores -y sus familias- están protegidos ante el desempleo, una enfermedad, la maternidad o un accidente gracias a recursos como asistencia médica, seguro de discapacidad (o seguro por invalidez), etc. A la vez, obtienen ingresos una vez retirados.
Los niños, por otro lado, disfrutan de la cobertura de sus gastos de estudio cuando la familia recibe la asistencia social correspondiente. Incluso las empresas se benefician con la protección del trabajador porque las prestaciones permiten dotar de estabilidad a los vínculos laborales y ayudan a mantener la productividad de la fuerza de trabajo.