La separación de poderes busca propiciar un ejercicio independiente, autónomo, transparente y especializado del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Separación de poderes es la expresión que alude a una estructura que adoptan los países que quieren un funcionamiento independiente de cada uno de los organismos esenciales para el desarrollo de un gobierno.
Cuando se implementa y respeta la división de poderes – un principio característico de la llamada democracia representativa – se busca la autonomía, la especialización, la transparencia gubernamental y distintas fuentes de legitimidad o autoridad de los tres sectores estatales imprescindibles: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
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ResumenCómo nació la separación de poderes
Antes de hacer foco en datos de interés sobre los roles y actividades específicas de cada uno resulta interesante aprender (o recordar) cómo nació la separación de poderes.
Se cuenta que surgió durante la democracia directa establecida en suelo griego, concretamente en la ciudad-estado conocida como Atenas. En la época de la República Romana llegó a profundizarse en el contexto de la Constitución inaugural del mencionado periodo. En esos tiempos, el poder político se ramificaba en múltiples magistraturas. Pasaron algunos siglos entre ese panorama y el modelo de especialización funcional contemplando órganos del Estado que estuvieran bien distribuidos propuesto primero por el filósofo inglés John Locke y, más tarde, por su colega francés Montesquieu.
A lo largo de la Historia, la finalidad de este sistema ha sido evitar que un único individuo o un grupo muy reducido de gente concentre toda la autoridad y se garantice tanto un equilibrio como una limitación de poder con la idea de asegurar mejor a los derechos civiles, por ejemplo.
Es enriquecedor informarse y comparar modelos de división actual de poderes para comprobar las similitudes y las desigualdades existentes. La Constitución de Estados Unidos, por describir un caso a modo de referencia, marca la diferencia entre la rama judicial (integrada por cortes federales), la legislativa (de la cual se encargan los integrantes del Congreso) y la ejecutiva (a cargo de quien llega a la presidencia). Se persigue allí el equilibrio y se controlan con rigurosidad las actividades y tareas de cada uno para detectar y desarticular eventuales excesos de poder.
Cuando una autoridad pública o funcionario abusa del poder que el pueblo le ha conferido, actúa de manera deshonesta con fondos públicos, falta a la verdad y no cumple sus deberes debe ser investigada. Ante sospechas o denuncias acusatorias por corrupción política, la Justicia tiene que intervenir obligatoriamente.
Distinta es la realidad de un parlamentarismo, ya que en este régimen es el Parlamento (el cual conforma al Poder Legislativo) el encargado de elegir, por consenso, al Poder Ejecutivo. Así, pues, el sistema de frenos y contrapesos (checks and balances) entra en conflicto o no resulta eficiente dado que el control de funciones y el equilibrio son responsabilidad de los mismos que nombran al gobierno.
Características y responsabilidades de cada uno de los poderes
Es oportuno detenerse en las características y responsabilidades de cada uno de los poderes.
Para que el contenido resulte más preciso y fácil de identificar en la práctica, nos centraremos en cómo se plasma la separación de poderes en la República Argentina.
En la mencionada nación rige un sistema democrático. El electorado (constituido por votantes femeninos y masculinos habilitados en padrones que, a partir de cierta edad, pueden ejercer su derecho a voto) cada cierto tiempo tiene que elegir a sus representantes. Para asignar los cargos, en suelo argentino se organiza el sufragio, el cual tiene las particularidades de ser secreto, universal, obligatorio y libre.
El voto popular (directo o derivado de una segunda vuelta en los comicios) determina quién será, por un lapso de cuatro años, la persona que asumirá la presidencia de la nación por imponerse en un determinado porcentaje al resto de los candidatos a ocupar dicho cargo. Ese presidente (o presidenta), que se identifica con las bases de un partido político específico e intenta antes de las elecciones sumar apoyos partidarios y la confianza del pueblo a fuerza de campaña y alianzas, se elige de modo democrático y está al frente del Poder Ejecutivo Nacional. En esta área se le da curso a las leyes hechas por el Poder Legislativo. Éste, por su parte, es desarrollado por los miembros de la Cámara de Diputados y los de la Cámara de Senadores.
En cada Estado que adopta el sistema democrático hay herramientas para asegurarle a la comunidad un espacio para volcar, de modo directo o indireto, sus decisiones o elecciones respecto a gobernantes y/o proyectos. El sufragio es uno de esos recursos.
Tampoco se puede pasar por alto al Poder Judicial, en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina y múltiples tribunales. Este cuerpo está facultado para interpretar la legislación vigente y hacerla cumplir en la vida cotidiana mediante sentencias. Estas decisiones, fallos o veredictos llegan tras las realización de un juicio justo (proceso en el cual hay abogados que representan a cada una de las partes en conflicto y funcionarios denominados fiscales dedicados a investigar delitos y acreditar la autoría para impulsar una acción penal contra los responsables) que concluye con la resolución formulada por un jurado popular o un juez.
Si se desdibujan los márgenes de actuación y un poder termina condicionando, influyendo o pasando por encima de otro, entonces se pierde ante la ciudadanía credibilidad y claridad, alimentándose de esta forma la desconfianza y las sospechas de censura, corrupción y otros tantos males que dañan profundamente a la democracia.
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