Derecho positivo es el compendio de las normas jurídicas que están en vigencia en un territorio específico y en un momento determinado. Todas estas normas son elaboradas por un cuerpo legislativo y rigen según lo establecido por la Constitución de la nación.
Es importante tener en cuenta que una norma jurídica puede ser una ley, una ordenanza, un reglamento, un estatuto u otro tipo de texto que permita regular la conducta de los seres humanos o el funcionamiento de una entidad. Estos documentos pueden recopilarse y organizarse en códigos, como el código civil o el código penal.
Suele indicarse, por lo tanto, que el derecho positivo es el derecho escrito que se aplica en una jurisdicción. Se establece por un acuerdo social y contribuye a la armonía al fijar pautas de convivencia y ofrecer mecanismos para resolver los conflictos propios de la vida en sociedad.
El derecho positivo y la Constitución
La Constitución es la ley suprema de un país. Dispone de un rango más elevado que las demás leyes y posibilita el establecimiento del régimen que ordena el comportamiento de las personas y marca los límites del poder político.
La creación y la sanción de las normas jurídicas que constituyen el derecho positivo se rigen de acuerdo a los principios de la Constitución de cada Estado. Lo habitual es que exista un poder dedicado a este trabajo: el Poder Legislativo, que puede funcionar como una asamblea, un congreso o un parlamento.
Los miembros del Poder Legislativo, de este modo, elaboran, aprueban y modifican las normas jurídicas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo también puede crear normas en determinadas situaciones, como ocurre con los decretos.
En todos los casos, ninguna norma puede contradecir lo fijado por la Constitución, algo que es estudiado por el derecho constitucional. Por eso el derecho positivo está supeditado a esta ley fundamental.
El iuspositivismo
El derecho positivo se basa en la corriente filosófica conocida como positivismo jurídico o iuspositivismo, que instituye una separación entre el derecho y la moral. Según esta visión, el derecho válido es aquel creado por el hombre e integrado por normas cuya aplicación va más allá de un análisis de los valores.
De esta forma, el derecho positivo se diferencia del derecho natural propuesto por el iusnaturalismo. De acuerdo a la doctrina del derecho natural, existen derechos universales que son preexistentes y superiores al derecho escrito.
Asimismo, el derecho positivo se distingue del derecho consuetudinario. Según esta fuente del derecho, las normas nacen de costumbres y usos que se repiten a lo largo del tiempo, sin que estén escritas.
Ramas del derecho positivo
El derecho positivo puede segmentarse según diferentes criterios. La principal división suele realizarse entre el derecho privado y el derecho público.
El derecho privado es aquel que se encarga de la determinación de los vínculos jurídicos entre las personas particulares sin que ninguna ejerza como parte del Estado. El derecho mercantil, el derecho civil y el derecho internacional privado forman parte del derecho privado.
El principio de igualdad entre los sujetos y la autonomía de la voluntad son los pilares del derecho privado. Se entiende que cada persona actúa en función de sus intereses propios y que ninguna de las partes dispone de más derechos que la otra.
El derecho público, en cambio, se dedica a la regulación de las relaciones entre entidades privadas o individuos con los organismos del Estado. El derecho penal, el derecho procesal, el derecho administrativo, el derecho internacional público y el derecho tributario integran esta rama.
Protección de los más vulnerables
Como conjunto de normas jurídicas que organizan el funcionamiento de la sociedad, el derecho positivo debe contemplar la protección de todas las personas frente a diversas situaciones. En este marco, el cuidado es aún más relevante en el caso de los sectores más vulnerables, que necesitan de un amparo.
El derecho de las minorías, por ejemplo, se orienta a los integrantes de grupos minoritarios a nivel étnico, racial, religioso o de género. Esta jurisprudencia apunta a fomentar la inclusión.
El derecho de los pueblos indígenas también debe estar recogido en la Constitución ya que estas comunidades suelen ser discriminadas y muchas veces no tienen las mismas posibilidades de progreso que sus compatriotas.
Los miembros de los extremos etarios, a su vez, tienen necesidades particulares, al igual que las personas con algún tipo de discapacidad. Por eso el derecho de los menores, el derecho de los ancianos y el derecho de los discapacitados son muy importantes en el derecho positivo.
No se puede dejar de mencionar que los individuos que, por diversos motivos, se ven forzados a abandonar su país (o eligen hacerlo), también necesitan resguardo. Así adquieren trascendencia el derecho de los inmigrantes y el derecho de los refugiados.
Derecho positivo y derecho de familia
Suele señalarse que la familia es la base de la sociedad. Las personas forjan su identidad y adquieren un sentido de pertenencia en estos grupos cuyos miembros mantienen un parentesco entre sí.
El derecho de familia se compone de las normas jurídicas que ordenan los vínculos de los integrantes de un grupo familiar. Se trata de una parte del derecho positivo que se inscribe en el llamado derecho civil.
Las relaciones entre los padres y los hijos y entre los cónyuges son objeto del derecho de familia, que contempla tanto la cuestión personal como el aspecto patrimonial de estos nexos. Los derechos y las obligaciones en un matrimonio, las condiciones de un divorcio, las tutelas, la patria potestad y las sucesiones hereditarias están entre los temas de interés para el derecho de familia, así como la administración de los bienes familiares.
Como especialización del derecho civil, el derecho de familia se encuentra regulado por el código civil. Ante los cambios sociales que producen nuevas formas de organización familiar, el derecho positivo suele experimentar modificaciones que buscan dar respuesta a las demandas de la población.
Un ejemplo de esta actualización frecuente del derecho es la aprobación del matrimonio entre individuos del mismo género, conocido como matrimonio igualitario. En las últimas dos décadas, más de una treintena de naciones incluyeron esta clase de unión matrimonial en su ordenamiento jurídico, cuando antes la posibilidad no estaba contemplada en el derecho positivo.