Una ley es una norma promulgada por una autoridad cuyo cumplimiento es obligatorio.
Una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e invariable de las cosas, que nace de una causa primera. Las leyes son, por otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno.
En el ámbito del derecho, la ley -del latín lex– es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo: «La venta de cocaína está penada por la ley», «La ley prohíbe que una persona vote dos veces en la misma elección», «Un hombre de bien nunca actúa de manera contraria a la ley».
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ResumenLa ley como norma jurídica
Bajo un régimen constitucional, la ley es una disposición aprobada por el Poder Legislativo y sancionada por el jefe del Estado. Aquellas acciones que violan la ley son penadas con distintos castigos según la naturaleza y la gravedad de la falta.
Puede decirse que las leyes limitan el libre albedrío de los seres humanos que conviven en sociedad: funcionan como un control externo al cual se somete la conducta de las personas para asegurar que se cumplan una serie de normas que respondan a las necesidades de la comunidad. Si una persona considera que está bien realizar una acción que esté penada por la ley, lo normal es que se abstenga de hacerlo, dejando a un lado su creencia individual.
La ley como norma jurídica debe cumplir con diversos principios, como la generalidad (comprende a todos los individuos), la obligatoriedad (es imperativa) y la permanencia (es dictada con carácter indefinido), entre otros. Pero el ser humano muchas veces no se caracteriza por respetar a los demás seres vivos, sean o no de su especie, y ciertas leyes (o la ausencia de las mismas) suelen evidenciar esta triste realidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la lucha que llevan adelante quienes desean que las personas homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales.
El caso del matrimonio homosexual
Cada vez son más los países que dan el paso hacia la igualdad del matrimonio, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, y hay naciones que están muy lejos de aceptar la homosexualidad con normalidad. Dentro de los países de habla hispana, España fue pionera en la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley que permite a cualquier individuo legalizar su lazo sentimental fue aprobada en 2005 y conllevó el reconocimiento del resto de derechos que hasta el momento habían sido negados a las parejas homosexuales.
Desde hace más de una década, cualquier ciudadano español puede casarse, adoptar niños, ser reconocido como familiar de su pareja en un hospital, incluirla en su herencia y cobrar su pensión, independientemente de su sexualidad.
Cabe mencionar que la llegada de esta ley al suelo español no tuvo lugar en absoluta armonía; como suele ocurrir, la minoría que votó en contra de dicha medida no sintió deseos de festejar su aprobación, y muchos decidieron expresar su descontento a través de manifestaciones públicas. La Iglesia católica también se mostró opuesta a dicho avance, alegando que atentaba contra la santidad del matrimonio, un pretexto en el cual se han apoyado los detractores en los últimos años.
Al respecto del conflicto que suele suscitar la palabra matrimonio cuando se habla del lazo entre dos personas del mismo sexo, en muchos países existe la denominada unión civil, que en la práctica es equivalente al casamiento, pero «estratégicamente» evita que se mencione dicho término, para alegría de los mismos que se aferran inútilmente al pasado, causando muertes y sufrimiento con su indiferencia y su egoísmo. Irónicamente, tan sólo un puñado de naciones ha aprobado la unión civil para parejas homosexuales.
El Poder Legislativo se encarga de crear las leyes que el Poder Ejecutivo interpreta y aplica.
La legislación, un cuerpo de leyes
La legislación es el cuerpo de leyes que se aplican en un cierto ámbito o que permiten la regulación del Estado. La ley suprema de un Estado recibe el nombre de Constitución: a través de ella se establecen límites a los poderes estatales y se instaura el sistema de libertades y derechos de los habitantes.
Cuando se presenta una demanda o se inicia un litigio, el proceso legal que se lleva adelante tiene la finaildad de determinar si las acciones sometidas a juicio violan la ley o no. El juez o el tribunal deben basarse justamente en las leyes para emitir su fallo o sentencia.
Una jurisprudencia, en este marco, se forma a partir de las sentencias que emiten los tribunales. Dicho conjunto, a su vez, contiene una doctrina que también se llama jurisprudencia.
Ejemplo de juicio
Veamos un ejemplo de un juicio. Supongamos que sobre un hombre recae una acusación de asesinato. El abogado a cargo de su defensa pretenderá demostrar su inocencia, mientras que el fiscal y el letrado que representa a la familia de la víctima solicitarán una pena acorde a lo estipulado en el Código Penal.
De este modo, a lo largo del proceso judicial se presentan testigos que hacen referencia a los hechos, se esgrimen pruebas y diversos peritos aportan sus conocimientos para dilucidar cómo se concretó el crimen y quién fue responsable. El juez, llegado el momento, deberá determinar si el acusado fue efectivamente el autor del delito. En caso se encontrarlo culpable, tendrá que castigarlo de acuerdo a lo señalado por la ley.
Los jueces deben emitir resoluciones o dictámenes acordes a lo fijado por la ley.
La ley y el orden público
Es importante indicar que la ley es la base del orden público ya que determina las normas que regulan la conducta de las personas. En este marco, la propia ley otorga al Estado el monopolio del uso de la fuerza y le brinda facultades coercitivas.
Cuando un ciudadano comete algún tipo de infracción o delito, la autoridad estatal puede aplicar una sanción y obligar al sancionado a acatarlo. El Estado también dispone de las fuerzas de seguridad (como la policía) para controlar a las personas más allá de su voluntad.
Lo que siempre debe tenerse en cuenta es que, en un Estado de derecho, nadie está por encima de la ley. Un agente de policía no puede reprimir «libremente» por más que integre una fuerza de seguridad: su actuación tiene que enmarcarse en lo aceptado por la legislación. Los abusos de poder son ilegales, no contribuyen al orden social e incluso pueden suponer una violación a los derechos humanos.
