A través del derecho objetivo se busca guiar el comportamiento humano y hacer que cada individuo, obligatoriamente, adapte su accionar al ordenamiento jurídico.
El derecho objetivo engloba a cada norma jurídica, ley u ordenanza que, al prescribir una obligación, marca la necesidad de adoptar una conducta ante determinados sujetos o sucesos.
Antes de profundizar en las particularidades y los alcances de esta categoría es muy importante saber (o recordar) que toda nación (es decir, cada Estado) se rige por dos clases de derecho: el ya mencionado objetivo y el derecho subjetivo. Ambos se vinculan y conforman el ordenamiento jurídico de un país.
Según se advierte al revisar la teoría, es fundamental que exista el derecho objetivo (de perfil heterónomo) ya que instituye obligaciones, límites y pautas que todo ciudadano debe conocer, cumplir y respetar para comportarse de modo adecuado dentro de la sociedad. Quien se encarga del acatamiento de la legislación y las normativas es el Estado por medio de fuerzas de orden público, organismos e instituciones. Es esencial, al mismo tiempo, el derecho subjetivo porque concede individualmente la facultad jurídica, la libertad y la potestad para que pueda llevarse el derecho objetivo (el cual ejerce limitaciones sobre el subjetivo) a la práctica.
Revisando ejemplos concretos que hagan más sencilla la comprensión de este concepto y sus implicancias, es posible marcar como manifestación de derecho objetivo (un derecho de tipo coercitivo al cual se lo enlaza con el derecho positivo y con el derecho natural) al Código Penal, al Código Civil, las normas de tránsito y a la Constitución Nacional, entre otros.
No se acepta que entidades o personas se conduzcan individual o colectivamente por encima del ordenamiento jurídico: de no acatarlo o no ajustarse a esas directrices, entonces se estará cometiendo una acción ilegal, un acto delictivo, que conlleva el cumplimiento de un castigo o pena.
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ResumenFuentes del derecho objetivo
Las fuentes del derecho objetivo son varias y cada una sirve para abarcar y contemplar la mayor cantidad posible de cuestiones.
Todo reglamento y cada conjunto de leyes, al igual que el contenido de la Constitución Nacional, alimentan la versión escrita del derecho objetivo, el cual también puede ser consuetudinario si una costumbre consigue afianzarse y transformarse en una convención social.
Asimismo, suelen reconocerse como fuentes del derecho objetivo a la doctrina, la jurisprudencia y a los principios generales del derecho. Como parte de esta última categoría citada se puede mencionar al principio de igualdad, al principio de proporcionalidad respecto a tributos y penas y al principio de buena fe (a fin de garantizar honestidad y rectitud dentro de un proceso, contrato o acto). Vale la pena agregar dentro de la enumeración de principios fundamentales al principio de legalidad, al principio de no discriminación, al principio de autonomía de la voluntad y al principio de seguridad jurídica.
El principio de igualdad jurídica indica que todas las personas merecen el mismo trato frente a la Justicia y la ley.
Procesos judiciales
Desde la óptica del derecho objetivo, en los procesos judiciales tienen que darse o cumplirse ciertas cuestiones.
A fin de impedir que se vulneren derechos fundamentales, por ejemplo, se deben conceder garantías procesales y cada Estado está obligado a adecuarse a un principio jurídico bautizado como debido proceso a fin de respetar cada uno de los derechos legales que, conforme a la ley, tiene toda persona.
Tampoco hay que pasar por alto que cada sujeto goza del derecho a una tutela judicial efectiva, es decir, a defender ante la Justicia sus legítimos intereses contando para ello con la intervención de los correspondientes órganos judiciales.
Otro punto que adquiere notoriedad dentro del universo jurídico de todo Estado de Derecho es la presunción de inocencia, un principio jurídico de orden penal por el cual el sujeto con causa o investigado en el marco de un proceso penal posee la garantía constitucional de ser considerado inocente (o no autor del delito) hasta que la resolución judicial quede firme.
Ramas del derecho objetivo
Existen ramas del derecho objetivo que dan cuenta de una clasificación amplia y diversa.
Conviven en este contexto el derecho privado (modalidad del derecho positivo que regula vínculos y actividades entre individuos particulares, como el derecho comercial y el derecho laboral) con el derecho público (encargado de regular las relaciones entre el poder público con él mismo, con organizaciones y con individuos, tal como sucede con el derecho electoral y el derecho tributario) así como el derecho internacional (reconociéndose tanto el derecho internacional privado como el derecho internacional público) con el derecho nacional.
Aparecen para diversificar y extender esta enumeración el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho civil, por indicar otras alternativas a modo de referencia.
El ordenamiento jurídico puede ser simple o complejo. Si sus normas se enlazan en base a principios de aplicación general, entonces entra en juego el concepto de sistema jurídico.
Campos de aplicación modernos
El derecho objetivo va teniendo campos de aplicación modernos que plantean desafíos y ofrecen cada vez más espacio para el abordaje de temáticas socialmente importantes que requieren orden, control y regulación para evitar vacíos legales.
Los derechos humanos, la globalización, las nuevas tecnologías y la necesidad de proteger al medio ambiente son algunos asuntos que motorizan tanto al campo que asocia derecho y bioética como al que conecta derecho y tecnología. El derecho informático y el derecho de la ciberseguridad también apuntan a reglamentar realidades actuales.
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