La gestión pública consiste en administrar los recursos estatales para resolver las necesidades del conjunto de la población. El concepto se asocia a la idea de administración pública, aunque esta noción suele referirse específicamente a los recursos humanos del Estado.
Es importante indicar que gestionar consiste, justamente, en administrar: organizar, disponer. Lo público, en tanto, es aquello que forma parte de la órbita del Estado o que pertenece a toda la sociedad en general (a diferencia de lo privado).
Los gobiernos y la gestión pública
La gestión pública está a cargo de los gobiernos. Las potestades, atribuciones y obligaciones de las autoridades se encuentran establecidas en la Constitución, que es la ley suprema de un país. De este modo, las tareas inherentes a la gestión pública se distribuyen entre el gobierno nacional y los gobiernos locales (que pueden ser provinciales, departamentales, municipales o de otra índole).
Más allá de esta diferenciación administrativa según lo territorial, los gobernantes son quienes deben recurrir a una planificación estratégica para diseñar y aplicar las políticas públicas que permitan la gestión. Los funcionarios tienen que basarse en el presupuesto público para ejecutar las acciones que consideran apropiadas en cada caso, siempre en el marco de los límites constitucionales.
En una democracia, por lo tanto, la gente determina quiénes se encargarán de la gestión pública a través de las elecciones. Con el voto, eligen a los dirigentes que ocuparán los principales cargos de gobierno y también a los integrantes de los cuerpos legislativos. De todas formas, existen otros mecanismos de participación ciudadana en las cuestiones públicas que trascienden al sufragio.
La importancia de la transparencia
Quien está al frente de la función pública tiene a su disposición el uso de los recursos públicos. Si bien existen leyes y regulaciones para evitar la malversación de fondos, el control gubernamental es imprescindible para minimizar las irregularidades en las finanzas públicas.
Se llama control gubernamental a la tarea de vigilancia e inspección que se lleva a cabo para analizar la transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión pública en el uso de los recursos estatales. Se trata de un sistema que puede contar con diferentes configuraciones y maneras de funcionar.
En este marco, los gobernantes deben concretar una rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda fiscalizar cómo se gastaron los fondos públicos. Asimismo pueden ordenarse auditorías y otras actuaciones de monitoreo y seguimiento para detectar eventuales hechos de corrupción.
Objetivo de la gestión pública
El objetivo de la gestión pública es brindar las mejores condiciones de vida posibles al conjunto de la población. Desde el Estado deben ejecutarse múltiples tareas para que la sociedad funcione en armonía y las personas puedan encontrar bienestar y desarrollar su potencial.
Si bien puede existir un cierto consenso sobre el objetivo o la finalidad de la gestión pública, es evidente que hay diversos caminos para alcanzar esa meta. La ideología de los gobernantes determina cuál es, para cada uno, la orientación que debe seguirse.
En un sentido amplio, puede señalarse que la gestión pública debe tener como prioridad el respeto de los derechos humanos de la totalidad de los habitantes. Esto supone que un gobierno tiene que garantizar el acceso a la salud, la educación, el empleo y la vivienda, por ejemplo.
Brindar seguridad, cuidar el medio ambiente y promover la cultura y el deporte son otras tareas básicas de la gestión pública, que tiene que procurar la inclusión social.
Aunque un gobierno no debe descuidar a ningún sector, está claro que hay una población vulnerable que requiere de mayor asistencia desde el Estado. Los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes están atravesando la niñez y adolescencia, por mencionar a algunos colectivos, necesitan el acompañamiento de la gestión pública en muchos aspectos.
El uso de la tecnología
En los últimos años se hizo cada vez más notoria la relevancia que puede tener la tecnología en la gestión pública. Gracias a la innovación en las tecnologías de la información y comunicación (TIC), surgieron instrumentos que mejoran la eficiencia y permiten que la ciudadanía tenga más recursos para la toma de decisiones.
Algunas herramientas ya se volvieron populares a nivel mundial. No hay gobierno que no recurra a las redes sociales, por ejemplo, para comunicarse con los ciudadanos. Estos espacios virtuales sirven para difundir información, pero también para recibir consultas, comentarios, etc.
Se conoce como e-Gobierno o gobierno electrónico a la implementación de las TIC para la gestión pública. Esta transformación digital incluye otros conceptos o preceptos, como el uso de datos abiertos (la información pública debe estar disponible en formatos que permiten utilizarla, editarla y compartirla con facilidad).
Los datos abiertos, a su vez, están asociados a la idea de gobierno abierto (aquel que pone sus procedimientos y documentación a disposición de todas las personas). Las TIC, por otro lado, promueven la e-Participación (la participación en la resolución de los asuntos públicos mediante el uso de Internet).
En este contexto de la modernización de la gestión pública también suele aludirse a las ciudades inteligentes o smart cities. Así se califica a la localidad que, a través de la innovación, busca lograr un desarrollo sostenible. Las autoridades locales deben cumplir con un rol activo para favorecer esta conversión.
Gestión pública vs. gestión privada
Así como la gestión pública consiste en la administración de los recursos del Estado, la gestión privada abarca los procedimientos y las acciones que se desarrollan en entidades no estatales.
Por lo general, la gestión privada tiene un fin de lucro, a diferencia de lo que sucede con la gestión pública. Un empresario organiza la actividad de su organización con miras a obtener ganancias; un presidente, en cambio, apunta a resolver problemáticas sociales y no a producir un beneficio económico.
Cabe destacar que, en algunos casos, la gestión pública y la gestión privada se combinan. Eso ocurre en ciertos entes mixtos, integrados por organismos o funcionarios del Estado y actores del sector privado.