La separación de los poderes del Estado surgió en la Antigua Grecia.
Los poderes del Estado son las potestades supremas de los órganos que ejercen el gobierno y la administración de un país. Se trata del conjunto de las instituciones y los organismos que, separados según su función, hacen posible la organización política del Estado.
En una democracia representativa, lo habitual es que se reconozca una segmentación de estas facultades en tres poderes que son independientes y tienen autonomía: el poder legislativo (que se encarga de la creación de las leyes), el poder ejecutivo (que puede aprobar o derogar las normas) y el poder judicial (que se dedica a la aplicación de estas reglas). Esta separación de poderes asegura un equilibrio, ya que ningún poder puede abusar de sus facultades ni imponerse al otro.
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ResumenHistoria de los poderes del Estado
La historia de los poderes del Estado se inicia en la Antigua Grecia con la democracia ateniense. En su obra «La política», el filósofo Aristóteles consideró que la soberanía debía dividirse en tres estamentos: uno que manda, otro que delibera y finalmente uno que juzga.
En este marco, en la democracia de Atenas convivían los magistrados, los senadores y los tributos como funcionarios públicos. Asimismo existían organismos como la boulé (cuya función era la formulación de decretos y proyectos de ley sometidos a los votos de la asamblea conocida como ekklesia) y la helia (con potestades judiciales), además los strategos (los jefe militares).
Había, por lo tanto, una separación de poderes con funcionarios electos por sorteo o sufragio directo, pero no existía la representación. Dicho de otro modo: la forma de gobierno era la democracia directa y no la democracia representativa.
En la República romana, que se extendió entre 509 a. C. y 27 a. C., la separación de poderes del Estado otorgaba el poder ejecutivo a los cónsules (dos cónsules determinados en elecciones por la ciudadanía ejercían sus funciones en conjunto durante un año) y el poder legislativo a las asambleas directas y los comicios, mientras que la ratificación de las leyes que votaban estos órganos corría por cuenta de los senadores.
En una democracia, los ciudadanos votan a los candidatos que postulan los partidos políticos para elegir a sus representantes en algunos de los poderes del Estado.
Los aportes de Locke y Montesquieu
Al británico John Locke (1632–1704) se le atribuye la noción de división de poderes ya que distinguió, en 1690, entre el Poder Legislativo que se dedicaba a la creación de las leyes, el Poder Ejecutivo que ejecutaba y aplicaba la legislación y el Poder Federativo a cargo de la diplomacia y los vínculos internacionales. Para Locke, el Poder Legislativo era el principal poder del Estado.
Fue el barón de Montesquieu (1689–1755) quien hizo referencia a la separación de poderes en 1748, diferenciando entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es importante indicar que la división de poderes de Locke y la separación de poderes de Montesquieu no aluden exactamente a lo mismo.
En la separación de poderes de Locke, había una preponderancia del Poder Legislativo. En la división de poderes de Montesquieu, en cambio, ningún poder estaba en condiciones predominar sobre otro, con lo cual en ese equilibrio o igualdad se lograba un control mutuo.
El Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, suele ser encabezado por la Corte Suprema.
Los poderes del Estado en diferentes régimenes
La división de poderes (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial) es indispensable en una democracia representativa. Sin embargo, en otros régimenes y formas de gobierno, puede estar ausente, como ocurre con algunas monarquías y cuando se ejerce el despotismo.
Es importante señalar que existen diversas maneras de entender el origen y el objetivo del Estado. Por lo general, se acepta que el Estado es una construcción humana que apunta a asegurar la protección de los individuos frente a otros sujetos. De este modo, cada persona cede parte de su libertad y otorga el monopolio del uso de la fuerza al Estado para que éste garantice sus derechos.
Sin embargo, los Estados pueden tener un funcionamiento deficiente y no cumplir con el rol que justifica su existencia. Por otro lado, a veces el propio Estado vulnera los derechos de las personas, de manera tal que se pierde la lógica de su funcionamiento.
Como decíamos, en una democracia se espera que el Estado cuide el bienestar social, asegurando los derechos humanos a través de las políticas públicas aplicadas. La ley fundamental es la Constitución, que permite instaurar determinadas regulaciones en las relaciones sociales y garantizar lo que se conoce como Estado de derecho. Para que el Estado pueda cumplir con sus funciones, los habitantes pagan impuestos: los fondos recaudados hacen posible el gasto público, el mantenimiento de la infraestructura estatal y la oferta de servicios públicos esenciales vinculados a la educación, la salud, etc. En este contexto, la separación de los poderes del Estado se necesita para evitar los abusos, aunque la corrupción y otros males distorsionan el sistema.
En una dictadura, en cambio, no hay separación de poderes y se pierde ese control mutuo. Generalmente a través de las fuerzas armadas, un sector se hace con el Poder Ejecutivo, elimina o neutraliza la oposición política y hasta puede derogar la Constitución. Si se disuelve el Congreso o el Parlamento, el Poder Legislativo deja de funcionar, mientras que la Justicia pasa a responder directamente al gobierno.
Como se puede advertir, la sociedad civil goza de una posición más ventajosa en una democracia que en una dictadura. Los derechos civiles, de hecho, pueden perderse con autoridades dictatoriales que reprimen sin control a través de la policía, por mencionar un caso, mientras que en una democracia la intervención estatal sobre la ciudadanía está regulada y se respetan las libertades individuales.
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