La política ambiental de un país debe seguir los principios del derecho ambiental.
El derecho ambiental es el conjunto de las leyes, las reglas y los principios que permiten la regulación de los vínculos del ser humano con el medio ambiente. Estas normas tienen el objetivo de contribuir a la protección de la naturaleza, aportando a la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas y propiciando que las personas puedan vivir en un entorno que no ponga en riesgo su salud.
Las normativas y regulaciones que establecen las leyes ambientales también son importantes para cuidar los hábitats donde residen especies en peligro de extinción. Asimismo establecen regulaciones para la gestión de residuos y fijan sanciones y multas para quienes no actúan con responsabilidad ambiental.
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ResumenSu origen
El origen del derecho ambiental como rama especializada del derecho suele ubicarse en 1972. Del 5 al 16 de junio de ese año, en la ciudad sueca de Estocolmo, se llevó a cabo la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, también conocida como Conferencia de la Tierra de Estocolmo o simplemente Conferencia de Estocolmo.
De dicho encuentro impulsado por la ONU participaron representantes de más de un centenar de países, quienes acordaron dar a conocer una declaración con 26 principios, además de una resolución y un plan de actuación. Una de las consecuencias de la Conferencia de Estocolmo fue el nacimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Este evento contribuyó al surgimiento del derecho ambiental como parte de un proceso social que apuntaba a prevenir catástrofes ambientales y a fomentar el desarrollo sostenible. Desde sus inicios, el derecho ambiental se presentó como un campo multidisciplinario debido a que, más allá de la imprescindible intervención de profesionales del derecho, necesita de los aportes de biólogos, médicos, químicos, físicos y otros especialistas.
Es importante que la minería, dado su potencial contaminante, se adapte al derecho ambiental.
Principios del derecho ambiental
El derecho ambiental se basa en distintos principios que sirven como guías de acción. Uno de ellos es el principio de precaución, que indica que deben adoptarse medidas de protección cuando existen sospechas fundamentadas acerca del posible impacto negativo de un producto o un procedimiento en el medio ambiente o la salud pública.
Este principio precautario implica que las medidas se ejecutan antes de la primera concreción del supuesto daño. El principio de prevención, en cambio, se aplica cuando ya existen certezas del daño que se puede causar.
El principio contaminador-pagador, también conocido como principio «quien contamina paga», funciona como un mecanismo que permite tanto prevenir como reparar un daño medioambiental. En este caso, la persona jurídica o física que daña el medio ambiente con su actividad tiene la obligación de pagar el costo de las acciones preventivas o de reparación para que el lugar no sufra alteraciones.
Otro principio que se enmarca en el derecho ambiental es el principio de responsabilidad compartida o corresponsabilidad. Este precepto señala que, en el cuidado del ambiente, las obligaciones incumben tanto a un agente específico como a quienes, de una manera u otra, están involucrados con la gestión del entorno.
El derecho ambiental establece castigos para los responsables de desastres naturales, como derrames de petróleo o accidentes nucleares.
Aplicación de las teorías de justicia
La aplicación de las teorías de justicia en el derecho ambiental da lugar a la denominada justicia ambiental. De acuerdo a la filosofía del derecho, este tipo de teorías buscan determinar criterios que resulten legítimos para precisar qué es justo.
La justicia ambiental se basa en la concepción del medio ambiente como un bien común. Por lo tanto, contempla la existencia de un derecho de acceso público a la naturaleza aunque con obligaciones legales.
De este modo, la justicia ambiental fija límites a la explotación del medio ambiente, impidiendo la sobreexplotación para evitar el agotamiento de recursos naturales y regulando aquellas actividades que se constituyen como una amenaza para la diversidad ecológica.
El derecho ambiental y el cambio climático
El cambio climático suele ser motivo de debate. A nivel general, se registra un enfrentamiento entre quienes sostienen que hay en marcha un proceso de calentamiento global provocado por el hombre principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero y aquellos que consideran que el clima cambia de manera natural.
Pese a este debate, el consenso científico ratifica que el cambio climático es una realidad. En este marco, en 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de detener la interferencia humana en el sistema climático.
Cinco años después, se firmó el Protocolo de Kioto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que luego se actualizó con el Acuerdo de París. Todos estos instrumentos que se integran al derecho ambiental tienen la finalidad de reducir el riesgo de desastres provocados por el hombre en el clima.
Búsqueda de sostenibilidad
El derecho ambiental es un recurso esencial en la búsqueda de sostenibilidad. Brinda herramientas e instrumentos legales para prevenir, reducir y revertir perjuicios que se infligen a la naturaleza.
Mediante normas y reglamentaciones, el Estado tiene la posibilidad de impulsar el reciclaje y minimizar los residuos sólidos que terminan en vertederos; fomentar el consumo responsable; reducir la contaminación del suelo, la contaminación del agua y la contaminación del aire; y promover medios de transporte sostenible para la movilidad urbana, por ejemplo.
El derecho ambiental también ayuda a luchar contra la desertificación y la deforestación y a trabajar por la eficiencia energética, promoviendo la adopción de energías renovables (como la energía eólica o la energía solar).
En definitiva, se trata de aplicar el derecho al cuidado de la naturaleza. Esto tiene consecuencias directas en la vida de todas las personas, así como en la subsistencia de la flora y la fauna.
El marco legal es necesario, sobre todo para limitar el accionar de quienes disponen de poder y dinero para tratar de imponer su voluntad mientras persiguen sus propios intereses, que muchas veces son contrarios a los del resto de la sociedad. De todas maneras, las leyes no alcanzan para garantizar la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas: se necesita la concientización de la comunidad en general acerca del impacto que los actos cotidianos tienen sobre el planeta. Después de todo, cada persona, desde su lugar, tiene responsabilidad con su entorno y con sus pares.
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