Una empresa pública es una compañía propiedad de un Estado, el cual se encarga de su administración y dirección. De este modo, la gestión de la entidad corre por cuenta de instituciones, ministerios, dependencias u organismos que controla el gobierno.
Debido al rol del Estado, a la empresa pública también se la conoce como empresa estatal. Si el sector privado tiene participación en el capital de la firma, se trata de una empresa mixta. Finalmente, cuando la propiedad y la gestión no son estatales, se habla de empresa privada.
Finalidad de una empresa pública
La finalidad de una empresa pública es aquella que definen las autoridades a cargo de la administración pública. Si bien los objetivos pueden estar establecidos en estatutos u otros documentos, por lo general están relacionados con la política económica de los gobernantes de turno.
Lo habitual es que el propósito de estas empresas sea el suministro de servicios públicos: es decir, de prestaciones que contribuyen de alguna forma al bienestar social. Dichos servicios se consideran esenciales y, por lo tanto, no pueden dejarse librados a la lógica del mercado.
De este modo, las empresas públicas permiten garantizar la provisión de ciertos servicios bajo las condiciones que los gobernantes consideran apropiadas, sin depender de la rentabilidad ni de las decisiones del sector privado. Por otra parte, estas empresas se aprovechan para la generación de empleo y para fomentar la actividad productiva y el desarrollo económico.
Si bien se espera que una empresa estatal sea eficiente y tenga rentabilidad, la maximización de los beneficios no es su objetivo esencial. Un gobierno puede aceptar que el Estado asuma las pérdidas y mantener la oferta del servicio o la producción por considerarla necesaria o útil para la sociedad.
El financiamiento
El financiamiento de una empresa pública se nutre de diversas fuentes. Al igual que una empresa privada, obtiene ingresos de la comercialización de sus productos y/o servicios.
Otra posibilidad es que recurra al mercado financiero para conseguir los recursos. Y también puede recibir fondos directamente del presupuesto estatal (procedente, a su vez, de los impuestos, las concesiones, etc.).
Puede afirmarse, en este contexto, que lo habitual es que todos los ciudadanos contribuyan al mantenimiento de las empresas públicas cuando cumplen con sus obligaciones fiscales. Esto suele ser motivo de crítica por parte de algunos economistas ya que es probable que personas de bajos recursos que no utilizan los servicios de la empresa la estén financiando al comprar alimentos y otros productos básicos cuyo precio incluye un determinado porcentaje de impuestos.
Sectores de la economía con empresas públicas
Los sectores de la economía con empresas públicas son considerados estratégicos por las autoridades. La energía, la gestión de residuos, las telecomunicaciones y el agua y saneamiento, por ejemplo, son áreas donde la participación de las empresas públicas es frecuente.
También existen empresas públicas que hacen posible el desarrollo de infraestructura o que contribuyen a consolidar la marca país. En un sentido amplio, en definitiva, puede señalarse que estas compañías son valiosas a nivel social porque realizan un aporte que beneficia al conjunto de los ciudadanos o que satisface una necesidad de un grupo.
Su importancia
Las empresas públicas son importantes por muchos motivos. Es clave que puedan ofrecer servicios esenciales a un precio accesible o que, con su intervención en el mercado, al menos incidan en la formación de precios.
Asimismo pueden desarrollar actividades que no son rentables para satisfacer una necesidad de la sociedad. Mientras que las empresas privadas no se involucran en tareas que no les resultan lucrativas, las empresas públicas van más allá de la utilidad económica.
La participación estratégica en la explotación de los recursos naturales y el posicionamiento en determinados rubros para impedir la formación de monopolios privados son otras facetas clave de las empresas públicas.
Control y auditoría de las empresas públicas
El control y la auditoría de las empresas públicas es imprescindible para evitar la malversación de fondos. De hecho, muchas de las críticas que desarrollan quienes se oponen a la existencia de este tipo de compañías giran en torno a los hechos de corrupción que suelen detectarse en ellas.
La regulación, pues, es esencial. Deben existir autoridades de supervisión que inspeccionen el funcionamiento de la empresa para garantizar la transparencia.
La rendición de cuentas, en tanto, tiene que llevarse a cabo según las especificaciones de la ley. Por eso los estados o balances contables deben publicarse de acuerdo a lo establecido para que la tarea de control pueda realizarse como corresponde.
De la nacionalización a la privatización
Es interesante señalar que hay empresas que eran públicas y fueron privatizadas y, en sentido opuesto, otras que eran privadas y terminaron siendo nacionalizadas.
La privatización se concreta cuando el Estado decide desprenderse de una empresa, vendiendo parte o el total de sus acciones y cediendo la dirección. Esta determinación generalmente está vinculada a la intención de reducir los gastos estatales.
La nacionalización, en cambio, implica que el Estado asume el control de una empresa que estaba en manos privadas. El procedimiento puede ejecutarse de distintas maneras y en ocasiones incluso se hace de un modo forzoso
Tomemos el caso de Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera de la República Argentina. Nació a partir de la unión de cuatro compañías mixtas que, en 1949, empezaron a operar como una empresa estatal. Al año siguiente, se concretó la creación oficial con el nombre de Aerolíneas Argentinas. Cuatro décadas después, se produjo su privatización por decisión del presidente Carlos Menem, convirtiéndose en una sociedad anónima. Sin embargo, en 2008, Aerolíneas Argentinas fue reestatizada y nuevamente se transformó en una empresa pública. Con cada uno de estos cambios, se modificó quién tomaba las decisiones corporativas: el Estado o empresarios.
También en Argentina podemos mencionar el recorrido histórico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Surgió en 1922 como una empresa pública por la voluntad del presidente Hipólito Yrigoyen, en la década de 1990 fue privatizada por Menem y desde 2012 funciona como una empresa mixta a partir de la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner.